La armonización de la ley en materia de violencia política de género es un primer paso, pero aún falta reformar el Código Penal del Estado de Puebla para sancionar penalmente a funcionarios o partidos políticos que agredan a mujeres que se desempeñan en el ámbito político, sentenció la exdirigente estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo.
La activista aplaudió que la LX legislatura del Congreso del Estado haya aprobado reformas a la Constitución local, el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el fin de sancionar la violencia política y garantizar la paridad de género en todos los cargos de representación popular, los tres poderes y los órganos autónomos.
Sin embargo consideró que el camino es largo pues falta aplicar sanciones penales contra políticos agresores y legislar sobre igualdad sustantiva para que realmente se cumpla la paridad de género en el gabinete estatal, municipios, diputaciones y magistraturas.
“No fue un regalo de los diputados, sobre todo hombres en el sentido de poder legislar respecto a la violencia política porque muchos de ellos son agresores y han estado denunciados y finalmente como la ley no es retroactiva no podrán aplicársele sanciones”.
La también integrante de la Red Plural de Mujeres de Puebla recordó la violencia política de género que sufrió en el PRD, de donde fue expulsada y está impedida para participar en algún cargo de elección popular por ese partido, hecho que califica de embestida gubernamental pues todo el Estado poblano estuvo en su contra.
Por eso estimó que las reformas aprobadas son un avance para las mujeres que se dedican a la política porque ya podrán poner un alto a los agresores, terminar con la resistencia que no les permite ser tomadoras de decisiones en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial que actualmente son comandados por hombres.
Y si se mira a las presidencias municipales el escenario no es distinto, pues Socorro Quezada expuso que muchas presidentas responden a un jefe político, el marido o algún amigo a quien piden opiniones para tomar decisiones, de ahí la importancia de avanzar en igualdad sustantiva para hacer realidad el principio de paridad de género en los 217 ayuntamientos del estado, que haya 108 alcaldesas y 107 síndicas.
Confió en que también se hagan adecuaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia para que los nuevos nombramientos sean todos de mujeres hasta llegar a la mitad de magistradas y magistrados; la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal para que todos los organismos públicos descentralizados (OPD) operen de manera paritaria; la Ley Orgánica Municipal y todas las leyes para que el lenguaje sea incluyente.
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