/ miércoles 17 de junio de 2020

Firman 13 diputados acción de inconstitucionalidad vs Ley de Educación

Un acuerdo de la Suprema Corte amplía los plazos para recibir documentos de esta índole

Al cumplirse 30 días de la publicación de la Ley de Educación para el Estado de Puebla, 13 diputados del Congreso local han firmado la demanda de acción de inconstitucionalidad que promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata de Héctor Alonso Granados (sin partido), Javier Casique Zárate, del PRI; Raúl Espinosa Martínez, del PAN; José Juan Espinosa Torres, del PT; así como Guadalupe Esquitín Lastiri y Carlos Morales Álvarez, de Movimiento Ciudadano.

También Rocío García Olmedo, Nibardo Hernández Sánchez y Josefina García Hernández, del PRI; Uruviel González Vieyra (Compromiso por Puebla), Oswaldo Jiménez López, Nancy Jiménez Morales y Mónica Rodríguez Della Vecchia, del PAN.

Los diputados del PRD, Liliana Luna Aguirre y Armando García Avendaño, son los únicos que no han firmado la demanda de acción de inconstitucionalidad que se promoverá ante el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a pesar de que en la sesión ordinaria del 15 de mayo ambos votaron en abstención en lo particular, aunque a favor en lo general.

En el documento, los legisladores firmantes solicitan que una vez agotado el procedimiento señalado por ley, se declare la inconstitucionalidad y la consiguiente invalidez de la Ley de Educación del Estado de Puebla por resultar contradictoria de los derechos, principios y/o valores consagrados y protegidos por la Constitución General de la República.

Un acuerdo de la Suprema Corte amplía los plazos para recibir documentos de esta índole, periodo que se extendió a causa de la contingencia sanitaria del Covid-19.

POLÉMICA LEY

Previo y después de que fue aprobada en el Congreso del Estado, la ley causó inconformidad entre asociaciones de padres de familia, escuelas particulares, así como rectores del Consorcio Universitario al considerar que violenta sus derechos.

La Ley de Educación enviada por el gobernador Miguel Barbosa y aprobada en fast track el 15 de mayo en el Congreso local, establece políticas más severas a escuelas particulares al incorporar al Sistema Educativo Estatal los muebles e inmuebles, además de aplicar sanciones por 434 mil pesos por retener documentación y no brindar el servicio educativo.

El artículo 105 generó debate pues establece que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal, lo que podría interpretarse como una apropiación del Estado.

Al cumplirse 30 días de la publicación de la Ley de Educación para el Estado de Puebla, 13 diputados del Congreso local han firmado la demanda de acción de inconstitucionalidad que promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata de Héctor Alonso Granados (sin partido), Javier Casique Zárate, del PRI; Raúl Espinosa Martínez, del PAN; José Juan Espinosa Torres, del PT; así como Guadalupe Esquitín Lastiri y Carlos Morales Álvarez, de Movimiento Ciudadano.

También Rocío García Olmedo, Nibardo Hernández Sánchez y Josefina García Hernández, del PRI; Uruviel González Vieyra (Compromiso por Puebla), Oswaldo Jiménez López, Nancy Jiménez Morales y Mónica Rodríguez Della Vecchia, del PAN.

Los diputados del PRD, Liliana Luna Aguirre y Armando García Avendaño, son los únicos que no han firmado la demanda de acción de inconstitucionalidad que se promoverá ante el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a pesar de que en la sesión ordinaria del 15 de mayo ambos votaron en abstención en lo particular, aunque a favor en lo general.

En el documento, los legisladores firmantes solicitan que una vez agotado el procedimiento señalado por ley, se declare la inconstitucionalidad y la consiguiente invalidez de la Ley de Educación del Estado de Puebla por resultar contradictoria de los derechos, principios y/o valores consagrados y protegidos por la Constitución General de la República.

Un acuerdo de la Suprema Corte amplía los plazos para recibir documentos de esta índole, periodo que se extendió a causa de la contingencia sanitaria del Covid-19.

POLÉMICA LEY

Previo y después de que fue aprobada en el Congreso del Estado, la ley causó inconformidad entre asociaciones de padres de familia, escuelas particulares, así como rectores del Consorcio Universitario al considerar que violenta sus derechos.

La Ley de Educación enviada por el gobernador Miguel Barbosa y aprobada en fast track el 15 de mayo en el Congreso local, establece políticas más severas a escuelas particulares al incorporar al Sistema Educativo Estatal los muebles e inmuebles, además de aplicar sanciones por 434 mil pesos por retener documentación y no brindar el servicio educativo.

El artículo 105 generó debate pues establece que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal, lo que podría interpretarse como una apropiación del Estado.

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