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Fracasa nuevo sistema penal en su primer año

  • Belén Cancino
  • en Local

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial fracasó al primer año de su implementación por deficiencias en políticas públicas penitenciarias y de seguridad pública, pues según el estudio “Hallazgos 2016 Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México”, sólo el 18 por ciento de las causas penales en el estado progresan, y 2 mil 388 delincuentes han sido liberados tan sólo en la ciudad de Puebla por deficiencias en los procedimientos.

La tendencia mundial por garantizar el respeto a los derechos humanos en los procesos judiciales y las críticas hechas años atrás por la Organización de las Nacional Unidas (ONU) respecto a la violación de garantías fundamentales en México, llevaron al Congreso de la Unión a aprobar en el año 2008 una serie de reformas constitucionales en materia de seguridad pública.

Las modificaciones aprobadas por senadores y diputados federales prometían revolucionar los Centros de Reinserción Social (Ceresos) para convertirlos en sitios de verdadera corrección y que todas las corporaciones policíacas fueran mejoradas, de modo que se combatiera la delincuencia en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, a decir de  Alberto Zenteno Meza, miembro de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, el fracaso en el mejoramiento de los sistemas penitenciario y de seguridad pública, marcaron el destino del Sistema Penal Acusatorio Adversarial.

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Las fallas de los primeros, es decir, prisiones que no regeneran a los delincuentes y corporaciones policíacas debilitadas por la deserción o colusión de sus elementos con la delincuencia organizada, hicieron fracasar al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Se pensaba que el Sistema Acusatorio iba a bajar la delincuencia pero el que lo tiene que hacer es el sistema nacional de seguridad pública, pero por sí solo no funciona, porque no se puede armonizar lo que no se ha aprendido”, subrayó.

Al respecto, recalcó Matías Rivero Marines, director de la Facultad de Derecho de la UPAEP, tampoco hay una política integral de prevención del delito, de modo que la migración al sistema de procuración de justicia que privilegia la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos, lejos de combatir la inseguridad, la ha favorecido.

“No es falla del sistema, es que no debería haber inseguridad y el problema es que somos reactivos, no preventivos, no hay políticas sociales, de deporte, de capacitación, de inversión, de mercado para prevenir el delito”, abundó.

LAS FALLAS

A decir de los especialistas, las deficiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal se manifiestan en la falta de capacitación previa y ahora que ya se ha puesto en marcha, también de voluntad y recursos.

Y es que a decir de los especialistas, en los ocho años que transcurrieron desde su aprobación hasta su implementación, el pasado 18 de junio de 2016, pocos comprendieron los detalles y trascendencia de su función en el nuevo esquema de impartición de justicia.

“El procedimiento está en la ley y en los códigos de manera correcta pero falta capacitación para los primeros respondientes, los policías, los que tienen que hacer la cadena de custodia, los traslados. Tuvimos ocho años para implementarlo pero al buen estilo mexicano dejamos pasar el tiempo y ahora estamos padeciendo las fallas”, expresó Rivero Marines.

En el mismo sentido coincidió Zenteno Meza, quien agregó que algunas capacitaciones fueron mal impartidas, pues no se dieron al personal ni con las condiciones correctas.

“No han sido graduales sino desproporcionadas, a veces como se tenían que gastar el dinero, daban la misma capacitación a los mismos elementos”, explicó.

Pero además, los abogados señalaron otras deficiencias, como la falta de voluntad de los servidores públicos así como de recursos económicos para operar correctamente el nuevo sistema.

Y es que a decir de Alberto Zenteno, el hecho de que el mismo personal que aún practica el sistema de justicia tradicional y que es susceptible a la corrupción sea el que opere el nuevo sistema, dificulta la aplicación del nuevo.

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“Hay un nuevo sistema pero con la misma gente, entonces el problema no es el sistema, sino la gente, porque los vicios se han trasladado, y la falta de voluntad política porque todo se quiere hacer como anteriormente”, completó.

Por si fuera poco, el director de la Facultad de Derecho de la UPAEP acusó que las autoridades no cuentan con los recursos económicos para aplicar correctamente los procedimientos.

Como prueba, mencionó, el Poder Judicial del Estado de Puebla cuenta con pocos jueces de control y de oralidad para trabajar todos los procesos penales que se les presentan.

“También las cargas de trabajo son brutales, no se dan abasto, no hay manera de atender (…) falta capacitación y más presupuesto a los sistemas judiciales locales para tener más elementos, más juzgadores, personal que agilice las cientos de denuncias que ocurren cada semana y poder garantizar justicia pronta y expedita”, enfatizó.

Es preciso informar al respecto, que el Poder Judicial del Estado de Puebla no proporcionó  detalles acerca del personal capacitado y operativo del nuevo sistema de justicia penal, y tampoco de sus resultados a un año de su implementación.

LOS SALDOS

La incapacidad del personal para operar el nuevo Sistema de Justicia Penal ubica a Puebla como el estado del país que menos procesos penales inicia, 18 por cada 100 detenciones, según exhibe el estudio “Hallazgos 2016. Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México”, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (Cidac).

A propósito de que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio cumplió el pasado fin de semana apenas un año en operación, los investigadores Karen Silva Mora, Armando Islas Delgadillo, Carlos de la Rosa y Fabiola Mondragón del Cidac, expusieron en el estudio que no obstante los esfuerzos de preparación que se hicieron en todo el país durante los ocho años previos “han tenido poco impacto en la operación efectiva del sistema de justicia penal”.

Entre los aspectos que han impedido su correcto funcionamiento considera, se encuentran las deficientes capacidades de investigación de las policías y de coordinación con ministerios públicos, al grado de que añade, “presentan un área que pone en riesgo la sustentabilidad de la reforma”.

Por tal razón, expone, Puebla es la entidad del país en la que menos personas detenidas son vinculadas a proceso, es decir, que no enfrentan un procedimiento penal.

Y es que mientras que en todos los estados más del 70 por ciento de las personas detenidas son vinculadas a proceso, en el estado de Puebla esta proporción es mucho menor, de 18 por ciento.

Esto, explica el documento, “permite evidenciar la ausencia de capacidades en las procuradurías y fiscalías, pues no están siendo capaces de judicializar aquellos asuntos en los que no hay una persona detenida (…) la presencia de prácticas poco efectivas que están impidiendo que se continúe con el proceso”.

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Y detalla que las razones específicas pueden ser la falta de cuidado por parte de los responsables de hacer la detención hasta la omisión del ministerio público para garantizar el debido proceso, a partir de que el detenido está bajo su responsabilidad.

Pero además, revela que de las 28 entidades que le proporcionaron información para la ejecución de este estudio, Puebla ocupa el penúltimo lugar en el control de la legalidad, es decir, en la correcta ejecución de las detenciones, la cual se califica así en tan sólo el 27.8 por ciento del total.

Además, hay que recordar que el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, acusó el pasado 6 de junio, que a consecuencia del nuevo sistema de justicia penal, se han puesto en libertad a 2 mil 388 delincuentes.

AVANZA PUEBLA EN EL SÉPTIMO LUGAR NACIONAL

Según el mismo estudio y un ranking diseñado por el mismo Cidac, Puebla es la séptima entidad con más avance en la implementación de este nuevo método de impartición de justicia.

Y es que en su rango de evaluación de 0 a 1000 puntos, Puebla alcanzó una calificación de 328, después de Yucatán, Nuevo León, Querétaro, Baja California, Chihuahua, y el primer lugar, Guanajuato.

Sin embargo, es preciso mencionar que ninguno los estados reportan puntajes destacados, pues todos se encuentran por debajo de los 500 puntos, incluso, Guanajuato, cuya calificación fue de 390.

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Para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, el estado de Puebla contó en seis años, desde 2010 y hasta 2016, con recursos por 592 millones 22 mil 455 pesos y 43 centavos.

De acuerdo con los datos del Cidac, la entrega de estos recursos fue la suma de dos recursos, una parte proveniente del  Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal y otra del Subsidio de apoyo a las entidades federativas de la  Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación (Setec) con el mismo objetivo.

Puebla fue el octavo estado que más recursos recibió, después de Baja California, Estado de México, Oaxaca, Jalisco, Guanajuato, el Distrito Federal y Yucatán.

Con base en resultados como este y los de ediciones anteriores, el Cidac estima que faltan 11 años para que este nuevo esquema de procuración de justicia se aplique de manera eficaz y adecuada en todo el país.

¿CÓMO FUNCIONA?

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, privilegia la presunción de inocencia: “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, y permite que a la mayoría de los implicados en procesos penales, estar en libertad.

Para la resolución de controversias ofrece las alternativas de acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso y procedimientos abreviados, los cuales permiten concluir el asunto resarciendo los daños, en plazos máximos de un año.

Por ello, sus bondades son la agilización de la impartición de justicia, la reducción del aparato, de las gestiones burocráticas y de la reclusión, lo que además se considera, contribuye a una verdadera reinserción social.

En el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, la violación a los derechos humanos puede incluso anular un procedimiento.

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