Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aprobó un aumento del 15 por ciento en los recursos que reciben los beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en Puebla se encontró la forma de acceder a estos apoyos sin cumplir con los requisitos y objetivos para el que fue diseñado.
Fue a inicios de este año cuando la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), María Luisa Alcalde, dio a conocer que a partir del próximo 13 de febrero aumentará de 3 mil 748 a 4 mil 310 pesos el apoyo mensual que reciben los beneficiarios, además de que se incorporará a medio millón de jóvenes más al padrón de este programa a nivel nacional.
De acuerdo con el Padrón Único de Beneficiarios del gobierno federal, en Puebla hay 33 mil 730 jóvenes adscritos a este programa, mismos que reciben el apoyo económico a cambio de capacitarse en un centro de trabajo por un periodo de 12 meses, con la posibilidad de que la empresa que los recibe, mejor conocidos como capacitadores, los pueda contratar al final de ese plazo.
Sin embargo, la realidad es que en Puebla algunos empresarios y beneficiarios adscritos encontraron la forma de acceder a los recursos federales a cambio de una estrategia de simulación, que consiste en pedir a los becarios un 10 por ciento del apoyo a cambio de reportar su asistencia al centro de trabajo, aunque no fueran.
“Algunos de los chicos nos contaban que este sistema se prestaba para hacer más fácil los fraudes, nos contaba una chava que en una de las empresas que se inscribió primero entrevistaban a los chavos, los juntaron en Los Fuertes y ahí les dijeron que la idea iba a ser que ellos hicieran todo el proceso, se inscriban y les pasen el 10 por ciento de la beca; no iban, pero van a estar reportando que sí están siendo capacitados de buena forma”, comentó Gerardo Quiroz, quien trabajó año y medio como representante del programa federal en el Sistema Municipal DIF de Puebla.
Explicó que esto se debe a que eran los propios capacitadores quienes tenían que reportar a las delegaciones federales la asistencia y desempeño de los becarios, y aunque eran supervisados por los servidores públicos federales, no había suficientes para hacer las revisiones físicas de manera frecuente en todos los espacios de trabajo inscritos en el programa.
“Sí hay personal que va a las empresas a hacer supervisiones, a nosotros en el DIF, en el año y medio que estuve nos hicieron tres revisiones, pero platicando con la encargada que nos hizo las revisiones tres veces, nos decía que eran tantas empresas las que se registraban, que faltaba gente para darse cabida con todas las evaluaciones”.
En este caso, el intento de fraude y corrupción no era promovido por los servidores públicos, sino por los propios beneficiarios.
BENEFICIARIOS BURLAN REQUISITOS
No solo algunas empresas buscaron burlar los requisitos del programa, sino que también algunos de los jóvenes que buscaban inscribirse encontraron formas de acceder a estos recursos públicos, aunque muchas veces sin cumplir con los lineamientos de no estudiar o trabajar.
“El filtro era que no estuvieran estudiando ni trabajando para que pudieran acceder a la beca. Aquí de lo que adolecía un poco el programa es que los filtros no tenían tantos candados, era muy fácil que tu pusieras que no estabas estudiando ni trabajando, aunque sí lo estuvieras”, agregó el ex servidor público.
Explicó que el único candado que tiene el gobierno federal para verificar que el apoyo no se otorgue a estudiantes o trabajadores era revisar cada dos meses el padrón para comprobar que no estaban dados de alta en el seguro social o en un seguro académico, sin embargo, hay gente que trabaja sin estar dado de alta y recibe el apoyo.
CASO DE ÉXITO
No todos los beneficiarios buscaron obtener el recurso del programa “Jóvenes construyendo el futuro” fuera de las reglas de operación, pues también hay casos de éxito donde este apoyo generó un beneficio real a quienes recibieron el recurso.
Tal es el caso de Miguel, un joven con discapacidad motriz que a sus 26 años se inscribió al programa y colaboró en el DIF municipal de Puebla como asistente de recepción.
Lupita, su mamá, señaló que este programa significó un apoyo mayor para el desarrollo de su hijo, pues además de tener una actividad que lo mantenía ocupado, recibían un apoyo económico que beneficiaba directamente a sus gastos.
Recordó que antes de estos programas sólo recibían apoyos de despensas, que eran entregados por el gobierno estatal y a veces condicionados a las épocas electorales.
El periodo de 12 meses concluyó para Miguel, y aunque no fue contratado por el DIF municipal, esto no le impidió acceder a otro programa federal de reciente creación, que es el de apoyo permanente a personas con discapacidad y que consiste en un monto de mil 310 pesos mensuales.
LA REINGENIERÍA DE AMLO: ARMA DE DOBLE FILO
A unos días de que iniciara su periodo la actual administración federal, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para reducir la estructura de las delegaciones federales en los estados, misma que a dos años resultó un arma de doble filo, pues por un lado se logró incrementar el padrón de beneficiarios con menos personal, pero esto provocó que existan menos servidores públicos disponibles para verificar la correcta aplicación de estos programas.
La reforma aprobada en noviembre de 2018 plantea la figura de un solo delegado, conocido como “superdelegado”, que en el caso de Puebla recayó en el morenista Rodrigo Abdala Dartigues.
Su función principal es coordinar y vigilar la correcta implementación de los programas del gobierno federal en Puebla, para lo cual se permitió mantener el funcionamiento de algunas delegaciones, conocidas ahora como “oficinas de representación”.
“Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con oficinas de representación en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento a los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos, dichas oficinas se coordinarán con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, indica el artículo 17 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal.
En su momento, una de las justificaciones para aprobar esta reforma fue acabar con el uso de las delegaciones federales como plataformas de operación política previo a las elecciones.
HAY 754 SIERVOS DE LA NACIÓN EN PUEBLA
De las 10 delegaciones del gobierno federal, sin contar organismos autónomos, en Puebla sobreviven siete que agrupan un total de 754 servidores públicos, también conocidos como “siervos de la nación”.
La que alberga más personal es la oficina de representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social con 325 plazas, que representan un gasto mensual de 3 millones 276 mil 628 pesos en sueldos.
Le sigue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con 266 trabajadores que implica una nómina mensual de 2 millones 723 mil 918 pesos; y después la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) con 62 plazas y una nómina mensual de 870 mil 146 pesos, la cual se encarga de vigilar el programa “Jóvenes construyendo el futuro”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene 43 trabajadores, la Secretaría de Bienestar 41, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 14 y la Secretaría de Relaciones Exteriores tres trabajadores.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el sueldo más alto pertenece al delegado estatal Rodrigo Abdala, con percepciones de 44 mil 933 pesos mensuales.
Sin embargo, la misma plataforma no refleja los datos del personal y sueldos que tenían los trabajadores de las delegaciones federales durante el sexenio priísta del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto.
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