/ martes 23 de febrero de 2021

Frena Covid-19 anhelada modernización del transporte

Pese al aumento al pasaje, solo 6 mil de 10 mil unidades cuentan con cámaras de videovigilancia, botones de pánico y GPS para reforzar la seguridad

Este mes se cumplió un año de que concluyó el plazo que fijó el Gobierno del Estado para que los concesionarios cumplieran con la modernización y equipamiento del transporte público, sin embargo, la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 sumergió a los transportistas en una crisis económica que les ha impedido renovar sus unidades, a pesar del incremento del 41 y 46 por ciento a la tarifa del pasaje que les fue autorizada a finales de 2019.

Fue en octubre de 2019 cuando el gobierno estatal formalizó el aumento del precio del pasaje qué pasó de 6 a 8.5 pesos en microbuses y de 5.5 a 8 pesos en unidades tipo Van, lo que significó un aumento 46 y 41 por ciento, respectivamente, después de ocho años que no se incrementaba la tarifa.

A cambio, los transportistas ofrecieron modernizar las unidades y colocar cámaras de vigilancia, botones de pánico y GPS para brindar mayor seguridad a los usuarios.

A un año de distancia, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno estatal, Guillermo Aréchiga Santamaría, informó que son 6 mil de 10 mil unidades las que ya cuentan con cámaras de videovigilancia, botones de pánico y dispositivos de geolocalización (GPS) para reforzar la seguridad.

Durante su reciente comparecencia ante el Congreso del Estado, el funcionario señaló que este avance del 60 por ciento se debe a que son los propios concesionarios los encargados de invertir en el equipo, sin embargo, derivado de emergencia sanitaria y reducción de la movilidad es que los transportistas no han podido invertir en estos dispositivos, pues afirmó que sus ingresos se vieron afectados hasta en 30 por ciento.

Para el concesionario y líder transportista, Arturo Loyola González, la reducción de los ingresos puede ser de hasta el 60 por ciento, pues afirmó que con la reducción de la movilidad, principalmente en el sector educativo, operan al 40 por ciento en comparación al número de pasajeros que trasladaban antes de la pandemia.

También maneja otros datos sobre la modernización, pues afirmó que no son 10 mil sino 40 mil las unidades que deberían estar conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), pero el gobierno estatal solo tiene la capacidad tecnológica para monitorear a 5 mil al mismo tiempo.

“Sí se cumplió con la instalación de las cámaras de videovigilancia, el botón de alerta y el GPS, lo que pasa que es que la autoridad no tiene la capacidad, imagínate que se tenían que haber conectado cerca de 40 mil, si no pueden con 5 mil, no tienen esa capacidad, pues nada más no”.

HASTA 25 MIL PESOS DE INVERSIÓN POR UNIDAD PARA MODERNIZAR

Entre 18 mil y 25 mil pesos fue la inversión que realizaron los transportistas para colocar cámara de vigilancia, botón de pánico y GPS en cada una de sus unidades.

“Inicialmente el kit de seguridad costó 25 mil pesos, después vinieron empresas avaladas por la autoridad que dejaron el kit entre 18 mil y 25 mil pesos”, señaló el líder transportista.

Loyola González afirmó que la mayoría de transportistas cumplieron con la adquisición de los dispositivos, aunque no todos estaban conectados con la autoridad por falta de capacidad tecnología.

70 POR CIENTO NO CUMPLE ANTIGÜEDAD

Lo que sí reconoció el líder transportista es que de las 40 mil unidades de transporte público, el 70 por ciento no cumple con la antigüedad máxima de 10 años que establece la Ley de Transporte en el estado de Puebla.

“No se cumple con lo que marca el artículo 70 de la ley, que es donde se debe de prestar un servicio con unidades que no rebasen los diez años de antigüedad, pero derivado de esta situación es totalmente imposible”.

Con un costo de hasta 700 mil pesos por unidades tipo Van y de un millón 400 mil pesos para autobuses, Loyola González consideró imposible cumplir con la modernización del transporte en la pandemia.

Además, afirmó que el gobierno federal no cumplió con su parte para bajar los precios de los combustibles, y por el contrario, estos se incrementaron.

“Es totalmente imposible, aunque se quisiera, llevar a cabo una modernización del transporte cuando el gobierno ni siquiera cumple con sus propios compromisos con respecto a que iban a bajar los energéticos, ni siquiera se ha cumplido con eso, entonces para que tú cumplas lo primero que debe hacer es que te cumplan”.

Al respecto, la Secretaría de Movilidad y Transporte reportó que en este último año se renovaron 2 mil 144 unidades, para reducir de 8.5 a 7.7 años la antigüedad promedio de las unidades.

Sin embargo, también la dependencia estatal reportó que se iniciaron 147 procedimientos de revocación de concesión, de los cuales 106 fueron por rebasar la antigüedad permitida y 46 por falta de póliza.

Este mes se cumplió un año de que concluyó el plazo que fijó el Gobierno del Estado para que los concesionarios cumplieran con la modernización y equipamiento del transporte público, sin embargo, la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 sumergió a los transportistas en una crisis económica que les ha impedido renovar sus unidades, a pesar del incremento del 41 y 46 por ciento a la tarifa del pasaje que les fue autorizada a finales de 2019.

Fue en octubre de 2019 cuando el gobierno estatal formalizó el aumento del precio del pasaje qué pasó de 6 a 8.5 pesos en microbuses y de 5.5 a 8 pesos en unidades tipo Van, lo que significó un aumento 46 y 41 por ciento, respectivamente, después de ocho años que no se incrementaba la tarifa.

A cambio, los transportistas ofrecieron modernizar las unidades y colocar cámaras de vigilancia, botones de pánico y GPS para brindar mayor seguridad a los usuarios.

A un año de distancia, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno estatal, Guillermo Aréchiga Santamaría, informó que son 6 mil de 10 mil unidades las que ya cuentan con cámaras de videovigilancia, botones de pánico y dispositivos de geolocalización (GPS) para reforzar la seguridad.

Durante su reciente comparecencia ante el Congreso del Estado, el funcionario señaló que este avance del 60 por ciento se debe a que son los propios concesionarios los encargados de invertir en el equipo, sin embargo, derivado de emergencia sanitaria y reducción de la movilidad es que los transportistas no han podido invertir en estos dispositivos, pues afirmó que sus ingresos se vieron afectados hasta en 30 por ciento.

Para el concesionario y líder transportista, Arturo Loyola González, la reducción de los ingresos puede ser de hasta el 60 por ciento, pues afirmó que con la reducción de la movilidad, principalmente en el sector educativo, operan al 40 por ciento en comparación al número de pasajeros que trasladaban antes de la pandemia.

También maneja otros datos sobre la modernización, pues afirmó que no son 10 mil sino 40 mil las unidades que deberían estar conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), pero el gobierno estatal solo tiene la capacidad tecnológica para monitorear a 5 mil al mismo tiempo.

“Sí se cumplió con la instalación de las cámaras de videovigilancia, el botón de alerta y el GPS, lo que pasa que es que la autoridad no tiene la capacidad, imagínate que se tenían que haber conectado cerca de 40 mil, si no pueden con 5 mil, no tienen esa capacidad, pues nada más no”.

HASTA 25 MIL PESOS DE INVERSIÓN POR UNIDAD PARA MODERNIZAR

Entre 18 mil y 25 mil pesos fue la inversión que realizaron los transportistas para colocar cámara de vigilancia, botón de pánico y GPS en cada una de sus unidades.

“Inicialmente el kit de seguridad costó 25 mil pesos, después vinieron empresas avaladas por la autoridad que dejaron el kit entre 18 mil y 25 mil pesos”, señaló el líder transportista.

Loyola González afirmó que la mayoría de transportistas cumplieron con la adquisición de los dispositivos, aunque no todos estaban conectados con la autoridad por falta de capacidad tecnología.

70 POR CIENTO NO CUMPLE ANTIGÜEDAD

Lo que sí reconoció el líder transportista es que de las 40 mil unidades de transporte público, el 70 por ciento no cumple con la antigüedad máxima de 10 años que establece la Ley de Transporte en el estado de Puebla.

“No se cumple con lo que marca el artículo 70 de la ley, que es donde se debe de prestar un servicio con unidades que no rebasen los diez años de antigüedad, pero derivado de esta situación es totalmente imposible”.

Con un costo de hasta 700 mil pesos por unidades tipo Van y de un millón 400 mil pesos para autobuses, Loyola González consideró imposible cumplir con la modernización del transporte en la pandemia.

Además, afirmó que el gobierno federal no cumplió con su parte para bajar los precios de los combustibles, y por el contrario, estos se incrementaron.

“Es totalmente imposible, aunque se quisiera, llevar a cabo una modernización del transporte cuando el gobierno ni siquiera cumple con sus propios compromisos con respecto a que iban a bajar los energéticos, ni siquiera se ha cumplido con eso, entonces para que tú cumplas lo primero que debe hacer es que te cumplan”.

Al respecto, la Secretaría de Movilidad y Transporte reportó que en este último año se renovaron 2 mil 144 unidades, para reducir de 8.5 a 7.7 años la antigüedad promedio de las unidades.

Sin embargo, también la dependencia estatal reportó que se iniciaron 147 procedimientos de revocación de concesión, de los cuales 106 fueron por rebasar la antigüedad permitida y 46 por falta de póliza.

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