/ jueves 29 de julio de 2021

Fundación Jenkins lograría suspensión definitiva para recuperar la UDLAP

En entrevista con El Sol de Puebla vocero asegura que la medida debe acatarse de lo contrario se incurre en un delito federal

A un mes de que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue tomado por un patronato, designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, el vocero de la fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez Martínez, informó que en breve obtendrán la suspensión definitiva por parte del Poder Judicial y no quedará duda de que les deben devolver las instalaciones.

En entrevista con El Sol de Puebla, señaló que el periodo vacacional del Poder Judicial ha impedido que se agilice el cumplimiento de la suspensión provisional que concedió el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, el pasado 16 de julio, para devolver el campus al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa.

Sin embargo, remarcó que independientemente de que los jueces aún no intervengan para hacer cumplir la orden, esto es algo que se debe acatar y con cada día sin hacerlo la Junta y quienes tienen el campus siguen incurriendo en un delito federal.

"Independientemente del proceso vacacional, independientemente de la voluntad, esto no se trata de querer o no querer, se trata de cumplir la ley", acotó.

Rodríguez Martínez explicó que en breve la suspensión federal que obtuvieron tendrá carácter definitivo, pues el equipo jurídico de la fundación ha ganado terreno en la defensa del campus y, a la par, sigue avanzando en las denuncias contra quienes resulten responsables de cometer diversos delitos federales.

De inicio, dijo que se ha denunciado el desacato del patronato presidido por Horacio Magaña y de la Junta a dos ordenes judiciales: la primera, emitida antes de la toma del campus y que establece que no se podía remover al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa y la última, que ordena devolver las instalaciones.

El vocero de la Fundación criticó que Armando Ríos Piter, rector designado por el patronato que tomó el campus, trate de difundir que hay normalidad en la institución, cuando en realidad está desacatando una orden judicial y entorpeciendo la vida institucional.

"Se trata de decir que hay normalidad, que lo importante es el regreso a clases. No, se quiere hacer pasar por alto, se quiere hacer olvidar justo lo que pasó hace un mes, que fue un atropello inadmisible al estado de derecho", condenó.

"Cada día que pasa hay un daño irreparable para la universidad, que está perdiendo calificaciones en los rangos internacionales que la ubican con niveles de excelencia, cada día aumenta la incertidumbre entre los trabajadores y los estudiantes", añadió.

Enrique Rodríguez señaló que han sido múltiples las muestras de apoyo hacia la universidad y su rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, sin embargo lamentó que no sean suficientes para que la Junta, órgano descentralizado del gobierno estatal, reflexione sobre su intervención y desista de apoderarse del patrimonio de una institución privada.

"Esto no ha sido suficiente para demostrarle a Barbosa que estamos viviendo una situación triste, lamentable, en la que no se respeta la legalidad y eso es un mal mensaje para Puebla, un mal mensaje para el país, porque lo que está ocurriendo puede generalizarse en otras instituciones de educación superior privadas", concluyó.

A un mes de que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue tomado por un patronato, designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, el vocero de la fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez Martínez, informó que en breve obtendrán la suspensión definitiva por parte del Poder Judicial y no quedará duda de que les deben devolver las instalaciones.

En entrevista con El Sol de Puebla, señaló que el periodo vacacional del Poder Judicial ha impedido que se agilice el cumplimiento de la suspensión provisional que concedió el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, el pasado 16 de julio, para devolver el campus al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa.

Sin embargo, remarcó que independientemente de que los jueces aún no intervengan para hacer cumplir la orden, esto es algo que se debe acatar y con cada día sin hacerlo la Junta y quienes tienen el campus siguen incurriendo en un delito federal.

"Independientemente del proceso vacacional, independientemente de la voluntad, esto no se trata de querer o no querer, se trata de cumplir la ley", acotó.

Rodríguez Martínez explicó que en breve la suspensión federal que obtuvieron tendrá carácter definitivo, pues el equipo jurídico de la fundación ha ganado terreno en la defensa del campus y, a la par, sigue avanzando en las denuncias contra quienes resulten responsables de cometer diversos delitos federales.

De inicio, dijo que se ha denunciado el desacato del patronato presidido por Horacio Magaña y de la Junta a dos ordenes judiciales: la primera, emitida antes de la toma del campus y que establece que no se podía remover al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa y la última, que ordena devolver las instalaciones.

El vocero de la Fundación criticó que Armando Ríos Piter, rector designado por el patronato que tomó el campus, trate de difundir que hay normalidad en la institución, cuando en realidad está desacatando una orden judicial y entorpeciendo la vida institucional.

"Se trata de decir que hay normalidad, que lo importante es el regreso a clases. No, se quiere hacer pasar por alto, se quiere hacer olvidar justo lo que pasó hace un mes, que fue un atropello inadmisible al estado de derecho", condenó.

"Cada día que pasa hay un daño irreparable para la universidad, que está perdiendo calificaciones en los rangos internacionales que la ubican con niveles de excelencia, cada día aumenta la incertidumbre entre los trabajadores y los estudiantes", añadió.

Enrique Rodríguez señaló que han sido múltiples las muestras de apoyo hacia la universidad y su rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, sin embargo lamentó que no sean suficientes para que la Junta, órgano descentralizado del gobierno estatal, reflexione sobre su intervención y desista de apoderarse del patrimonio de una institución privada.

"Esto no ha sido suficiente para demostrarle a Barbosa que estamos viviendo una situación triste, lamentable, en la que no se respeta la legalidad y eso es un mal mensaje para Puebla, un mal mensaje para el país, porque lo que está ocurriendo puede generalizarse en otras instituciones de educación superior privadas", concluyó.

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