En el primer día de administración de la extinta gobernadora Martha Erika Alonso, se firmó el contrato para dar continuidad al sistema de fotomultas con la empresa Autotraffic S.A. de C.V. en el cual, se estipuló como contraprestación adicional al rebase de los límites de velocidad, un pago de 120 pesos por cada multa aplicada a quien invadiera los pasos peatonales.
De acuerdo con los contratos desclasificados por la actual administración, en el periodo de José Antonio Gali Fayad se otorgó por adjudicación directa el servicio de fotomultas a la misma empresa contratada por su antecesor, Rafael Moreno Valle, pero cambió el método de pago a Autotraffic, ya que no le otorgó un monto fijo, sino una tarifa por cada infracción cobrada.
Se debe mencionar que la organización Con los Ojos Abiertos documentó que desde el 2013 y hasta inicios del 2017, la empresa obtuvo de la administración de Rafael Moreno Valle contratos por 151 millones 996 mil 414 pesos por operar y cobrar las fotomultas.
Para la administración de Antonio Gali, se firmó un contrato con vigencia del 1 de abril del 2017 al 13 de diciembre del 2018, en el que se estableció que la contraprestación para la empresa fuera de 230 pesos por cada infracción debidamente aplicada y cobrada, validada también por la Secretaría de Seguridad Pública.
Al concluir el contrato firmado por la administración de Antonio Gali e iniciar la administración de Martha Erika Alonso el 14 de diciembre del 2018, su secretario de Seguridad Pública, Fernando Rosales Solís, firmó un contrato –también por adjudicación directa- con vigencia de ese día y hasta el 31 de julio del 2019.
El documento ahora desclasificado estableció que el cobro de las fotomultas por rebasar los límites de velocidad sería de 215 pesos en favor de Autotraffic y la empresa cobraría 120 pesos por la invasión de pasos peatonales.
Tanto en el contrato que firmó la administración de Antonio Gali, como el avalado por la de Martha Erika Alonso, se estableció que en caso que el gobierno condonara fotomultas a ciudadanos, la empresa no recibiría contraprestación; pero también, el total de infracciones perdonadas no podía ser mayor al 3 por ciento del total cobrado.
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