El gobierno de Puebla no impugnó el triunfo que tres colectivas feministas obtuvieron ante la justicia federal, luego de que fueron beneficiadas con un amparo que impide a cualquier mujer o persona gestante que decida abortar, y sea acompañada por dichas organizaciones civiles, ser criminalizada, así lo indicó el mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
La decisión de no pelear en tribunales la resolución judicial fue determinada por Céspedes Peregrina. Según explicó el gobernador este jueves en rueda de prensa, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, le pidió al consejero jurídico del Ejecutivo local, Jonathan Ávalos, informar al juez de Distrito que el Estado poblano no impugnaría el amparo ganado por las colectivas.
Esto significa que el gobierno estatal no puso resistencia jurídica a dicha resolución del Poder Judicial de la Federación (PJF). Aunque en términos reales esto no modificó la sentencia del amparo, la decisión de Céspedes Peregrina confirmó que no hay ningún actor inconforme con la decisión del juez, lo que dejó al veredicto en suelo firme.
“Fue una acción que se coordinó con Consejería Jurídica, generamos las condiciones necesarias y buscamos ir avanzando en la medida de nuestros propios derechos humanos, y venimos generando condiciones de acuerdo a las circunstancias que se viven en cada momento, y entendiendo que cada día se van a mejorar y cambiar las condiciones que sean de nuestro ámbito; poco a poco iremos generando esas condiciones y buscando que los derechos humanos en el estado sigan avanzando”, manifestó el mandatario poblano.
Ayer las colectivas GIRE, CAFIS y ODESYR dieron a conocer que la justicia federal falló a su favor en un recurso de amparo que interpusieron en febrero del año pasado, en el que señalaron que los artículos del Código Penal del Estado que regulan el aborto autoprocurado y consentido eran violatorios de derechos humanos.
Según expusieron en rueda de prensa las activistas, el juez que resolvió su caso señaló que, aunque la Constitución local establece que la vida debe ser protegida desde la concepción, la utilización del derecho penal para sancionar a una persona que elija interrumpir su embarazo es inconstitucional.
De esta manera, sólo las mujeres y personas gestantes que reciban acompañamiento, asistencia o asesoramiento exclusivamente por parte de alguna de estas organizaciones estarán amparadas ante cualquier tipo de criminalización.
Es fundamental precisar que, aunque la primera resolución judicial fue emitida en octubre pasado, el Estado poblano, que en ese entonces era encabezado por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, presentó un recurso de impugnación en noviembre de 2022.
Sin embargo, esto cambió en 2023, pues el gobernador Céspedes Peregrina informó, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al juez de Distrito que el gobierno del estado desistiría de dicha impugnación y se retiraría como un actor inconforme en el caso, dejando así la sentencia judicial en terreno sólido.
