Además de los recursos que el gobierno del estado tiene que comprobar como parte de las revisiones que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se debe demostrar el uso de 86.5 millones de pesos ejercidos mediante convenios y reasignaciones económicas a la entidad, refiere el informe de labores de la Secretaría de la Función Pública federal.
En el apartado de Auditorías a la Operación Regional de los Recursos, la Secretaría de la Función Pública detectó que de 2013 a 2018 la entidad no comprobó el uso de 86.5 millones de pesos obtenidos mediante reasignaciones de recursos.
La dependencia detalla en su informe que mediante diferentes auditorías y 43 observaciones, se espera obtener un reintegro de 68 millones de pesos; la comisión de presuntas faltas administrativas derivó en un importe de 2.6 millones de pesos; por la posible prescripción de las irregularidades hay 34 observaciones que implican 15.9 millones de pesos; y se encuentran en análisis 31 observaciones más.
Aunque no se detallan los proyectos o acciones de los que se espera obtener el reintegro, ni las probables irregularidades cometidas, en el informe 2018-2019 la Secretaría de la Función Pública declara que se requirió coordinación con las diferentes Contralorías de los estados para combatir la corrupción y aclarar el uso de los recursos ejercidos mediante convenios del 2013 al 2018.
“Los programas revisados, destinados al desarrollo y a la operación regional, están etiquetados para los rubros en materia de salud pública; agua potable, drenaje y tratamiento; desarrollo turístico; fomento a la cultura física y deporte; infraestructura en comunidades indígenas; mejoramiento de servicios públicos para personas con capacidades diferentes; operación de organismos descentralizados de educación media superior; y obra pública en lo general”, detalla.
Recientemente, la titular de la Secretaría de la Función Pública del estado, Laura Olivia Villaseñor Rosales, informó que se tienen pendientes por solventar 5 mil millones de pesos en el periodo 2014 al 2018, ante instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Función Pública.
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