/ lunes 17 de diciembre de 2018

Gozan exgobernadores de seguridad vitalicia pagada por el erario

La ley contempla disminuir de ocho a seis escoltas por turno a partir de los 12 años con esta prestación

Una escolta de hasta ocho elementos de seguridad por turno que puede ser vitalicia es el beneficio que tienen los exgobernadores de Puebla desde el 2012, en la administración de Rafael Moreno Valle, cuando el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla para que los exmandatarios tengan esta prestación con cargo al erario público.

Sí bien en Puebla los exgobernadores no cuentan con una pensión como la que tenían los expresidentes de la república, sí cuentan escoltas que son pagados con recursos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues de acuerdo con el Artículo 137 de la Ley de Seguridad del Estado de Puebla, "corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública implementar las medidas conducentes para garantizar la seguridad personal de quien haya desempeñado el cargo de Gobernador del Estado".

Además, este beneficio puede ser vitalicio ya que el Artículo 138 de la citada ley señala que el servicio se prestará “a partir de la fecha en que deje el cargo y será por el tiempo que el exgobernador lo solicite por escrito”.

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Lo único que sí contempla la ley es disminuir de ocho a seis escoltas por turno a partir de los 12 años con esta prestación. “El servicio de seguridad personal se proporcionará a través de una escolta que será de ocho elementos por turno, los cuales podrán ser revisados y disminuidos a seis una vez que haya transcurrido un plazo equivalente al doble del periodo por el que se ejerció el cargo”, señala el Artículo 139.

La legislación local detalla que dichos elementos deben tener experiencia en la materia y estar adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Fiscalía General del Estado (FGE), además de que deben contar con armas de fuego y vehículos cuyos gastos de mantenimiento, reparación y consumo de combustible deberán ser absorbidos por la dependencia a las que estén adscritos.

“Para el eficaz desempeño de la prestación de los servicios de seguridad personal, se deberán prever los recursos necesarios en el presupuesto de Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal”, precisa el Artículo 142.

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MORENA INGRESA NUEVA INICIATIVA CONTRA ESCOLTAS

Actualmente, en el Congreso del Estado existe una iniciativa presentada por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leonor Vargas Gallegos, para eliminar el capítulo décimo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla y con ello quitar la escolta a los exgobernadores del estado.

Esta iniciativa fue presentada a finales de septiembre pasado, 15 días después de la instalación de la nueva legislatura, conformada en su mayoría por diputados de la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PT y PES).

Sin embargo, no fue la única iniciativa para eliminar estos privilegios, pues en la pasada legislatura, el entonces diputado local del PRI, Francisco Jiménez Huerta, presentó una iniciativa para quitar esta prestación, la cual se quedó en la “congeladora” ya que nunca fue dictaminada por los diputados de mayoría morenovallista.

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En ese momento, el diputado priista calculó que el gasto por este privilegio sería de más de 2 millones de pesos por cada exgobernador que tenga este beneficio, pues expuso que cada elemento de seguridad tenía un salario promedio de 10 mil pesos mensuales.

Una escolta de hasta ocho elementos de seguridad por turno que puede ser vitalicia es el beneficio que tienen los exgobernadores de Puebla desde el 2012, en la administración de Rafael Moreno Valle, cuando el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla para que los exmandatarios tengan esta prestación con cargo al erario público.

Sí bien en Puebla los exgobernadores no cuentan con una pensión como la que tenían los expresidentes de la república, sí cuentan escoltas que son pagados con recursos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues de acuerdo con el Artículo 137 de la Ley de Seguridad del Estado de Puebla, "corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública implementar las medidas conducentes para garantizar la seguridad personal de quien haya desempeñado el cargo de Gobernador del Estado".

Además, este beneficio puede ser vitalicio ya que el Artículo 138 de la citada ley señala que el servicio se prestará “a partir de la fecha en que deje el cargo y será por el tiempo que el exgobernador lo solicite por escrito”.

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Lo único que sí contempla la ley es disminuir de ocho a seis escoltas por turno a partir de los 12 años con esta prestación. “El servicio de seguridad personal se proporcionará a través de una escolta que será de ocho elementos por turno, los cuales podrán ser revisados y disminuidos a seis una vez que haya transcurrido un plazo equivalente al doble del periodo por el que se ejerció el cargo”, señala el Artículo 139.

La legislación local detalla que dichos elementos deben tener experiencia en la materia y estar adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Fiscalía General del Estado (FGE), además de que deben contar con armas de fuego y vehículos cuyos gastos de mantenimiento, reparación y consumo de combustible deberán ser absorbidos por la dependencia a las que estén adscritos.

“Para el eficaz desempeño de la prestación de los servicios de seguridad personal, se deberán prever los recursos necesarios en el presupuesto de Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal”, precisa el Artículo 142.

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MORENA INGRESA NUEVA INICIATIVA CONTRA ESCOLTAS

Actualmente, en el Congreso del Estado existe una iniciativa presentada por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leonor Vargas Gallegos, para eliminar el capítulo décimo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla y con ello quitar la escolta a los exgobernadores del estado.

Esta iniciativa fue presentada a finales de septiembre pasado, 15 días después de la instalación de la nueva legislatura, conformada en su mayoría por diputados de la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PT y PES).

Sin embargo, no fue la única iniciativa para eliminar estos privilegios, pues en la pasada legislatura, el entonces diputado local del PRI, Francisco Jiménez Huerta, presentó una iniciativa para quitar esta prestación, la cual se quedó en la “congeladora” ya que nunca fue dictaminada por los diputados de mayoría morenovallista.

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