La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó en Puebla cuatro empresas presuntamente dedicadas a ingresar ciudadanos colombianos y venezolanos al país, esto con el objetivo de desempeñar presuntos actos de narcomenudeo, cobro de piso a negocios y hasta extorsión mediante el préstamo de dinero en efectivo.
Lo anterior, según fue expuesto en documentos confidenciales extraídos por la organización de hackers, Guacamaya, a los cuales tuvo acceso El Sol de Puebla. Ahí se detalló que decenas de extranjeros arribaron a México y se distribuyeron en los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tecamachalco, Zinacatepec, Ajalpan, Altepexi, Teziutlán, Ahuateno, Chignautla, Atempan, Yaonáhuac e Izúcar de Matamoros, para supuestamente cometer delitos.
Las compañías empleadas para gestionar permisos de trabajo e ingresar personas de ambas nacionalidades a Puebla, fueron Enterprise Magazine Model, KDC Puebla, Servidugi y Seguridad Privada Empresarial de León, pertenecientes a los giros comerciales de administración de negocios, cobranza, seguridad privada y representación artística, respectivamente.
Gestiones inusuales
Para oficiales del Ejército Mexicano no pasó desapercibida la inusual gestión burocrática de cuatro compañías dedicadas a temas de seguridad privada, cobranza, administración de negocios y representación artística, con domicilios en la ciudad de Puebla, pues, en cuestión de meses, pues, en 2020, todas ellas registraron un acelerado incremento en el número de solicitudes, ante el Instituto Nacional de Migración (INM), para el ingreso legal de extranjeros a suelo nacional.
Esto generó alertas para la inteligencia militar, pues se identificó que en Puebla operan diversas células delictivas dedicadas, cuyos integrantes han llegado al país a través de compañías similares a las indagadas.
“En la entidad se tienen detectados grupos de colombianos que se dedican (...) al préstamo de dinero en efectivo, con la modalidad ‘gota a gota’, narcomenudeo y cobro de piso. Debido a la forma de operación de las empresas, los registrados en la entidad pueden dedicarse a las actividades referidas”, se leyó en el informe recuperado por Guacamaya y compartido a través de correos electrónicos que atravesaron servidores de la Sedena, autoridades del gobierno estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Estas son las empresas señaladas
Según obra en los documentos, las compañías identificadas como supuestos puentes para el ingreso de personas a México con el propósito de fortalecer grupos criminales en Puebla, fueron cuatro, las cuales se instalaron en la capital del estado.
La que ingresó el mayor número de solicitudes fue Enterprise Magazine Model, presuntamente dedicada a la representación de artistas, modelos y deportistas. Esta organización se encuentra activa desde agosto de 2015 y, desde entonces, ha gestionado un total de 160 trámites ante el INM, de los cuales 140 resultaron favorables. Su domicilio fiscal está ubicado en la colonia Prados Agua Azul, de la ciudad de Puebla.
Le siguió la empresa KDC Puebla, que opera en la entidad desde 2005 y está supuestamente enfocada en la administración de negocios. De forma pública, dicha compañía situada en la colonia Santa Cruz Buenavista, ofrecía a ciudadanos colombianos un sueldo quincenal de 10 mil pesos como incentivo para engancharlos a diversas posiciones laborales.
Respecto a esta última organización, la Sedena detectó que en 2020, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), registró 77 empleados, sin embargo, interpuso ante el INM, un total de 91 procedimientos para el otorgamiento de permisos laborales, de los cuales 70 fueron aprobados.
Por su parte, la compañía Servidugi, presumiblemente dedicada a gestiones de cobranza en los estados de Puebla y Chiapas, fue señalada por la Sedena, pues también ingresó a tres ciudadanos sudamericanos para supuestamente ofrecer sus servicios profesionales en el país. Este establecimiento registró su domicilio en la colonia San José Vista Hermosa.
La cuarta y última empresa fue Seguridad Privada Empresarial de León, presuntamente especializada en servicios de investigación, protección y custodia. Esta compañía opera principalmente en el estado de Guanajuato, sin embargo, sus trámites migratorios los realizaba en las oficinas del INM en Nuevo León, hasta que la autoridad le negó procesar más permisos en esa entidad.
Ante esa situación, la inteligencia militar detectó que la organización buscó evadir los obstáculos institucionales e instaló una oficina en la colonia Centro, en la ciudad de Puebla. Desde aquí, buscó continuar la ‘contratación’ de personas originarias de Sudamérica.
