Olga Méndez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de Puebla, denunció que funcionarios del Ayuntamiento de Puebla han intentado extorsionar a empresarios, pidiendo dinero a cambio de que no cierren sus establecimientos, de los cuales 3 de cada 10 comercios acceden a “un moche”.
En entrevista, la líder empresarial comentó que estas anomalías, principalmente con inspectores del área de Normatividad Comercial de la Comuna, quienes van a negocios de venta de comida como taquerías y pizzerías para decirles que van a clausurar sus negocios por no cumplir las normas.
“Hay casos (de extorsión), pues llegan a ver el estacionamiento. Hay taquerías o pizzerías que están establecidas en plazas comerciales hace muchos años, siempre ha habido acuerdos (para trabajar así) (…) las personas que van, quieren de una forma espantar al restaurantero con el sello que ya lo traen y decirle que van a clausurar, es ahí donde se prestan a que, con un billetito, ya no hago nada”, declaró.
De momento, informó que ha buscado un acercamiento con los socios para pedirles que no incurran en estas prácticas y que ha habido acercamientos con el director de Normatividad, Fernando Pastor Herrera para exponerle este conflicto, incluso, impedir que se concrete una extorsión con amenaza de multas superiores a los 9 mil pesos.
Asimismo, dijo que le ha comentado de manera personal a la presidenta, Claudia Rivera Vivanco sobre que se tienen que tomar medidas anticorrupción.
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“Hay apertura con Fernando (Pastor) y le he dicho a la presidenta municipal, la corrupción es más fácil controlarla de tu lado porque son tus trabajadores, tus empleados. Que, de mi lado, decirle al empresario”, agregó.
No obstante, dijo que, aunque desde la Canirac se combate la corrupción, los empresarios tienen miedo a denunciar abusos de los inspectores y algunas denuncias, no se han contratado.
Por esa razón, refirió que una de las peticiones al gobierno del estado, que recién tomó protesta, es trabajar en la legislación del Código Reglamentario Municipal (Coremun) para evitar la corrupción de funcionarios.
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