Por no ejercer ni reintegrar recursos, por no pagar a afiliados del Seguro Popular y por no transparentar algunos programas, el gobierno interino encabezado por Guillermo Pacheco Pulido, heredó a la actual administración un probable daño patrimonial de 1 mil 141.5 millones de pesos.
De acuerdo con el segundo informe del 2019 que publicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el gobierno interino no realizó una gestión eficiente y transparente, lo que derivó en un probable daño patrimonial por arriba de los mil millones de pesos. En esta última entrega, dicha administración registró 15 pliegos de observaciones y estos son los que destacaron:
Se presumió un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 128 millones 371 mil 263.30 pesos, ésta cifra por no ejercer ni comprometer los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
En el documento mencionan que el Gobierno del Estado, puntualmente la Secretaría de Salud argumentó que hubo una modificación al programa, sin embargo, no aclararon ni justificaron el monto observado. En el mismo texto se indicó que además de lo anterior, se registraron pagos improcedentes por más de 47 millones de pesos y la Secretaría no presentó el documento de la junta de aclaraciones para participar en una licitación pública.
Otro de los documentos en donde se evidenció el impacto negativo a la Hacienda Pública es el referente a los “Recursos Federales Transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”, pues se presume un probable daño de 421 millones 620 mil 181.78 pesos.
Lo anterior, debido a que los servicios de Salud del Estado presentaron un oficio de suficiencia presupuestal con un monto autorizado menor que el pagado, lo que generó un incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En este caso, la ASF sugirió a la actual Secretaría de la Función Pública o su equivalente, realizar las investigaciones pertinentes por las irregularidades de los servidores públicos que, en la pasada gestión, no reportaron la información correspondiente y como resultado dieron inconsistencias en los montos reportados al cierre del ejercicio fiscal.
Otro probable perjuicio fue por la cantidad de 40 millones 507 mil 988.50 pesos, debido a que no ejercieron ni pagaron los rendimientos generados para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud; y 54 millones 766 mil 192 pesos porque presentaron un oficio de suficiencia presupuestal con un monto autorizado menor que el pagado.
De igual modo, 16 millones 409 mil 837 pesos fueron por realizar pagos por concepto de compensación por laborar en “zona de bajo desarrollo” a 189 trabajadores que no presentaron el acuse del oficio, tampoco presentaron el comprobante de domicilio de residencia en el sitio de trabajo, ni los informes trimestrales a la comunidad de las actividades realizadas. En este punto nuevamente se refirieron al sector salud.
Se presumió un probable daño por 68 millones 712 mil 605.43 pesos por no presentar la documentación justificativa, así como por realizar pagos correspondientes a afiliados al Seguro Popular; y otro de 225 millones 121 mil 135.03 pesos por destinar más del 5 por ciento para la subrogación de medicamentos.
Los antes mencionados fueron los montos más grandes, pero también hubo probables perjuicios por 234 mil 590 pesos por no acreditar perfiles de los puestos requeridos; 76 millones 162 mil 714 pesos por “penas convencionales no comprometidas”; y 211 mil 761 pesos porque encontraron a servidores públicos en varias nóminas y con puestos diferentes.
Por todos estos hechos, la Auditoría Superior de la Federación sugirió al gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar procedimientos administrativos correspondientes.
