La Universidad Iberoamericana Puebla manifestó su preocupación por la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos presentada ante el Senado de la República el 22 de octubre, que busca modificar los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución.
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La institución asegura que, de aprobarse dicha reforma, deteriorara la división de poderes y limitaría al Poder Judicial para garantizar el orden constitucional de los derechos humanos.
“De ser aprobada, impediría el control de convencionalidad, además de prohibir cualquier tipo de control judicial sobre reformas o adiciones a la Constitución”, se lee en el comunicado que la institución educativa emitió en conjunto con la Clínica Jurídica Minerva Calderón, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., y el Observatorio de Participación Social y Calidad democrática.
Limitar el control de la convencionalidad representa un riesgo al restringir al poder público para velar por el cumplimiento de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de las sentencias de la Corte interamericana, además de constituir un retroceso en esta materia.
Casos donde el control de la convencionalidad reforzó los derechos y la justicia
El comunicado señala que, el impacto de la aplicación de la reforma de derechos humanos y del control de convencionalidad, ha permitido reforzar la protección de derechos humanos y la justicia en el país. Como ejemplo, menciona la sentencia de los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú que han permitido reconocer la declaración de las víctimas de violencia sexual como la prueba fundamental, y eximir la exigencia de uso de la fuerza, oposición de resistencia y pruebas gráficas o documentales de la violencia, como pruebas imprescindibles.
Otros casos son el de Campo Algodonero y de la familia Alvarado ampliaron los estándares de investigación y responsabilidad en casos de desaparición forzada de personas. Las sentencias de los casos Cabrera García y Montiel Flores y Mujeres de Atenco, permitieron avanzar en los estándares sobre investigación de tortura y tortura sexual, respectivamente.
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La institución jesuita y los demás firmantes, hacen un llamado respetuoso a los actores políticos y al Congreso de la Unión para que actúen con moderación, ya que dicha iniciativa, debería ser aprobada mediante un proceso democrático.
