A dos meses de la presentación del libro “La trama Audi, componendas de un gobierno autoritario”, integrantes de la asociación civil Puebla contra la Corrupción y la Impunidad acusaron que la Secretaría de la Función Pública estatal no ha iniciado la investigación del caso y a medias lo ha hecho la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En conferencia de prensa, el ex candidato Enrique Cárdenas Sánchez, el empresario Gerardo Navarro y el autor del libro, Sergio Mastretta Guzmán, dijeron que presentaron un ejemplar a manera de denuncia al gobernador Miguel Barbosa, a través del área de comunicación social, al Sistema Estatal Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, así como el Instituto de Transparencia (Itaip).
También en el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso de Puebla y en el Consejo de Participación Ciudadana que preside el Sistema Estatal Anticorrupción, y en la Ciudad de México presentaron queja en la Procuraduría Agraria por las anomalías que documentaron en la venta de predios en la zona Audi, ubicada en el municipio de San José Chiapa.
Según los miembros de Puebla contra la Corrupción y la Impunidad, ninguna de las anteriores dependencias ha abierto carpetas de investigación sobre el caso.
“Exigimos que la Secretaría de la Función Pública del Estado indague los hechos delictuosos en los que participaron funcionarios de la dirección de la Tenencia de la Tierra, así como sus superiores jerárquicos”, sostuvo Gerardo Navarro.
RAN Y FISCALÍA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN SÍ INVESTIGAN
Según Navarro, quien sí investiga es la auditoría interna del Registro Agrario Nacional (RAN) que el 21 de octubre confirmó que inició una investigación a los funcionarios involucrados en las anomalías en la adquisición de la tierra para edificar la plataforma Audi y adquirir los terrenos donde se asienta Ciudad Modelo, en los gobiernos morenovallistas.
Pero además dijo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una carpeta de indagatorias, ya que ninguno de los tres últimos gobernadores, Antonio Gali Fayad, Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa han hecho nada por desmontar los mecanismos que implican el uso discrecional del dinero público, opacidad de los procesos en obra pública e inversiones y el sometimiento de los poderes e instituciones.
No obstante, Enrique Cárdenas, aseguró que esta fiscalía no los ha citado para exponer más datos, lo que indica que sigue sin tener autonomía, además sostuvo que legalmente no pueden presentar denuncias porque no tienen interés jurídico.
“Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo y parcialmente el Poder Judicial o la Fiscalía (en combate a la corrupción) en este caso sí abrió una carpeta”, declaró.
Cárdenas se dijo preocupado porque la información sobre Audi se mantiene en reserva, a pesar de que el 9 de septiembre el gobernador Barbosa prometió que por medio de un decreto eliminaría las 3 mil reservas de información de los últimos ocho años, uno de ellos es el contrato entre la empresa Audi y el gobierno de Puebla que la extinta Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) reservó hasta el 2021.
“A través de las plataformas de transparencia y de datos abiertos constatamos que todas las reservas siguen intactas y lo peor es que ni el Itaip ni los titulares de las dependencias con información clasificada o sus comités de transparencia han dado visos de desclasificar la información, seguimos igual. El argumento sigue siendo que de divulgarse otros estados podrían inferir en el ánimo de futuros inversionistas nacionales y extranjeros”, remató.
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