El Congreso del Estado turnó a comisiones una iniciativa de decreto para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Puebla y sus Municipios, que busca obligar al gobierno del estado, ayuntamientos y cualquier ente público a que pague una indemnización a quien resulte afectado por alguna “actividad administrativa irregular”, como pueden ser actos de corrupción.
La iniciativa fue presentada por el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla, quien expuso la necesidad de crear esta ley a nivel local para garantizar el pago de una indemnización a las víctimas y no quede todo en un “usted disculpe”.
“Su objeto es fijar las bases y procedimientos, para que los particulares ejerzan el derecho a la indemnización por daños en cualquiera de sus bienes y derechos, que se generen con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado o de sus Municipios. La responsabilidad patrimonial es objetiva y directa; la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta Ley y en las disposiciones legales a que la misma hace referencia”, indica el documento.
El proyecto detalla un esquema de indemnizaciones para reparar el daño en casos de pérdida de la vida, pérdida de trabajo, lesiones, daño económico y daño moral. En el caso de este último, por ejemplo, se plantea una indemnización máxima de hasta 84 mil 490 pesos, equivalentes a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En el caso de prejuicios en contra de empresas o comercios, la indemnización puede ser de hasta un millón 689 mil 800 pesos, que equivalen a 20 mil UMA
Para determinar los pagos por pérdida de trabajo, muerte o incapacidad se fija como parámetro lo que establece actualmente la Ley Federal del Trabajo, mientras que para daños materiales se propone como referencia los establecido en el Código Civil del Estado de Puebla, dependiendo el caso.
La propuesta de ley establece que los agraviados deben iniciar el proceso de indemnización ante el ente público que corresponda y detallar el agravio, el monto del daño y las pruebas que tiene para comprobar que fue afectado por una “actividad administrativa irregular”.
