/ jueves 3 de octubre de 2019

Interviene Derechos Humanos en atropellamiento de menor de edad por Ruta 45A

Pide informe de concesión a la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla solicitó de oficio a la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal un informe de las condiciones en las que entregó la concesión a la Ruta 45-A que el domingo atropelló a una niña de un año y 11 meses, cuando su madre pedía limosna sobre la avenida de Las Torres, antes del Bulevar Atlixco.

Así lo dio a conocer el presidente interino de la CDH, Omar Siddhartha Martínez Báez, al señalar que pidieron a la secretaría que indique las circunstancias en las que otorgó la concesión, pues dijo que debe haber certeza de seguridad para los usuarios del transporte.

Indicó que, aunque el transporte público está concesionado a particulares y el homicidio de la menor de edad obedece a la responsabilidad que tiene el conductor del camión y el concesionario, la autoridad debe revisar el permiso de manera constante.

“Nosotros en estos asuntos lo que hacemos es, como no tenemos competencia sobre los particulares, sí tenemos que ver por las obligaciones u omisiones que el estado haya tenido en la supervisión de las concesiones. Lo iniciamos de oficio”, dijo a El Sol de Puebla.

El también aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, comentó que buscarán a las víctimas indirectas para que ratifiquen los hechos, sin embargo, dijo que al momento la madre de la niña no se ha acercado para recibir atención.

“Son datos personales que tiene la fiscalía por el levantamiento. Nosotros investigamos y verificamos que exista en casos como este una carpeta de la fiscalía y que se otorgue los servicios a las víctimas indirectas, también ofrecemos atención victimológica”, dijo.

Omar Siddhartha aseguró que están siguiendo el caso en la Fiscalía General del Estado (FGE) para verificar que existe el expediente de la menor, ya que se trata de personas marginadas que están en condiciones económicas delicadas.

Agregó que el caso es un delito y no violación a los derechos humanos que sea competencia del organismo, sin embargo, este sí puede dar acompañamiento en la FGE y verificar si existe violación a los derechos en la prestación del servicio del transporte público.

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla solicitó de oficio a la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal un informe de las condiciones en las que entregó la concesión a la Ruta 45-A que el domingo atropelló a una niña de un año y 11 meses, cuando su madre pedía limosna sobre la avenida de Las Torres, antes del Bulevar Atlixco.

Así lo dio a conocer el presidente interino de la CDH, Omar Siddhartha Martínez Báez, al señalar que pidieron a la secretaría que indique las circunstancias en las que otorgó la concesión, pues dijo que debe haber certeza de seguridad para los usuarios del transporte.

Indicó que, aunque el transporte público está concesionado a particulares y el homicidio de la menor de edad obedece a la responsabilidad que tiene el conductor del camión y el concesionario, la autoridad debe revisar el permiso de manera constante.

“Nosotros en estos asuntos lo que hacemos es, como no tenemos competencia sobre los particulares, sí tenemos que ver por las obligaciones u omisiones que el estado haya tenido en la supervisión de las concesiones. Lo iniciamos de oficio”, dijo a El Sol de Puebla.

El también aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, comentó que buscarán a las víctimas indirectas para que ratifiquen los hechos, sin embargo, dijo que al momento la madre de la niña no se ha acercado para recibir atención.

“Son datos personales que tiene la fiscalía por el levantamiento. Nosotros investigamos y verificamos que exista en casos como este una carpeta de la fiscalía y que se otorgue los servicios a las víctimas indirectas, también ofrecemos atención victimológica”, dijo.

Omar Siddhartha aseguró que están siguiendo el caso en la Fiscalía General del Estado (FGE) para verificar que existe el expediente de la menor, ya que se trata de personas marginadas que están en condiciones económicas delicadas.

Agregó que el caso es un delito y no violación a los derechos humanos que sea competencia del organismo, sin embargo, este sí puede dar acompañamiento en la FGE y verificar si existe violación a los derechos en la prestación del servicio del transporte público.

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