La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla investiga si el diputado local con licencia José Juan Espinosa Torres falsificó la firma del documento con el que presuntamente acreditó haber tomado un curso de sensibilización por la violencia política de género que ejerció en 2018 contra la representante del PRI ante el IEE, Laura Torres Villegas.
Durante el conversatorio “Por unas elecciones libres de violencia contra las mujeres de Puebla”, organizado por la Red Plural de Mujeres Puebla, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Norma Angélica Sandoval Sánchez reveló que la Fiscalía indaga si el legislador del Partido del Trabajo (PT) incurrió en falsificación.
Y es que el documento que presentó para acreditar que tomó el curso de sensibilización de género, como le ordenó el tribunal, llevaba la firma de la presidenta del DIF municipal de Santa Clara Ocoyucan –Aidé Mendoza León–, lo que a criterio de la magistrada, esta no es una institución pública que tuviera como finalidad sensibilizar en materia de género.
Incluso la presidenta del DIF dijo que esa no era su firma y presentó la denuncia contra el expresidente municipal de San Pedro Cholula, exrepresentante del PT ante el Instituto Electoral del Estado y actual aspirante a candidato a diputado federal de Morena por el distrito 10 de Cholula o a presidente del municipio que ya gobernó de 2014 a 2018.
En su momento, el tribunal local ordenó a Espinosa disculparse públicamente con Laura Torres por expresarse violentamente durante la sesión del Consejo General del IEE del 4 de julio de 2018 cuando le dijo “eres buena, pero para nada” y “has de tener problemas sexuales, necesitas un terapeuta, pero sexual porque se ve que estás mal atendida”.
La magistrada Norma Angélica Sandoval compartió el expediente de violencia política de género porque así lo permitió la denunciante, es decir la representante del PRI.
Advirtió que el caso se trató de violencia estereotipada, simbólica y sexual como así lo determinó el TEEP en marzo de 2019 cuando estableció medidas de reparación y garantías de no repetición que consistieron en tomar un curso de sensibilización ante una institución autorizada y publicar una disculpa en los periódicos de mayor circulación en el estado.
La disculpa, según su óptica, no cumplió con la sentencia, pues la publicación contenía elementos propagandísticos porque su nombre resaltaba más que el texto donde se disculpaba, es decir que no satisfizo la medida de reparación para darle justicia a la denunciante, sin embargo, la mayoría de magistrados determinó que sí había cumplido.
