Las elecciones extraordinarias son el mecanismo para garantizar a los ciudadanos la legalidad e imparcialidad en la definición de la gubernatura del estado, afirmaron el activista y poeta, Javier Sicilia, y el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero Puebla), Fernando Fernández Font.
En entrevistas por separado, ambos coincidieron en señalar que la jornada electoral del pasado 1 de julio en Puebla presentó varias irregularidades que no deberían legalizarse o legitimarse, sino corregirse de acuerdo a lo que establece la ley, como son los comicios adicionales.
“Fue una elección sumamente desaseada (…) yo creo que Puebla y los ciudadanos de Puebla se merecen verdaderamente una elección limpia, conforme a derecho, una elección donde los ciudadanos verdaderamente hablen y pongan a su propio gobernador”, opinó Sicilia.
“Me inclino por un proceso limpio y un proceso que dé garantías a la ciudadanía que estamos haciendo las cosas correctamente”, agregó Fernández Font.
Además, subrayó Javier Sicilia, la controversia electoral de Puebla es una prueba de legalidad, pues no puede avalarse un proceso electoral con irregularidades como el que se produjo en la entidad, “Yo espero que haya anulación. No puede quedar impune”, completó.
Por su parte, el rector de la Ibero Puebla añadió que toda vez que se ha documentado y el proyecto del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, también encontró que algunas de las irregularidades fueron cometidas por los órganos electorales locales, el Instituto Electoral del Estado (IEE) y Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), es conveniente que en caso de que se confirme la instrucción de comicios extraordinarios, estos sean organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, Fernández Font consideró que en tal caso también sería prudente para evitar mayor polarización social, que las fuerzas políticas que protagonizan la controversia por la gubernatura del estado, postulen a candidatos diferentes, aunque admitió, esa decisión corresponde a los propios institutos políticos.
