A 42 días del conflicto legal en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) todavía no hay solución. Mientras la Fundación Mary Street Jenkins afirmó que un juez federal dio un ultimátum al patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado para que les devuelva el campus, este último señaló que no es así porque continúa el litigio.
Fue el pasado 16 de julio cuando el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil concedió una orden de suspensión provisional en beneficio de la Fundación Jenkins, sin embargo la Junta y el patronato presidido por Horacio Magaña no devolvieron el campus y procedieron a impugnar tal resolución.
La Fundación Jenkins reclamó al Poder Judicial tal desacato y consiguió que, esta vez, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil ordenara al juez 24 de la Ciudad de México cumplir la orden de suspensión o, de lo contrario, sancionará su omisión con una multa y denuncias ante el Ministerio Público Federal. Aún así las instalaciones no fueron restituidas.
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Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación, informó que el ultimátum fue emitido el viernes pasado, luego de que denunciaron que el juez 24 de la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz, pretendía evadir la responsabilidad de dar cumplimiento a la orden de suspensión declarándose incompetente para llevar el caso y turnándolo al juez 60.
Detalló que el Poder Judicial ordenó al juez 24 que cumpla con su responsabilidad de restituir las condiciones que tenía la universidad hasta antes del 29 de junio y, en caso de que el expediente se hubiera turnado al juzgado número 60, este último también deberá actuar en consecuencia, o de lo contrarío ambos serán multados con 100 unidades de medida y actualización (8,962 pesos) y denunciados ante el Ministerio Público Federal por desacato.
"Esa autoridad no puede seguir evadiendo el cumplimiento. No creo que un juez, en este caso capitalino, quiera emprender este camino de ser denunciado, no tiene de otra tiene que dar cumplimiento", dijo.
Incluso añadió: "Toda vez que esta resolución ratifica que se nos favorece desde el Poder Judicial y ya no le da margen de maniobra a nadie para tratar de hacer acciones evasivas, pues será acatada en las próximas horas, yo así lo espero".
Al cierre de esta nota, la devolución del campus no se había concretado, sin embargo de acuerdo con Rodríguez, la Fundación Jenkins está lista para recuperar las instalaciones en cualquier momento e iniciar una revisión de sus condiciones.
"Cuando se dé la devolución física se hará una revisión, evidentemente administrativa y física, de las condiciones en que se entregan estas instalaciones, porque no hubo entrega recepción cuando ellos entraron con la fuerza pública, eso fue un atropello".
Respecto a las cuentas bancarias de la universidad, dijo que la Fundación UDLAP presidida por Margarita Jenkins de Landa ya tiene pleno control de ellas desde hace días, debido a que la autoridad judicial ordenó restituirlas.
Finalmente, señaló que el objetivo principal de la Fundación es recuperar la universidad, sin embargo el hecho de que esto se pudiera cumplir en breve, no implica que se vayan a detener los procedimientos legales que emprendió para denunciar a quien resulte responsable por usurpación de funciones, allanamiento y falsedad en informes previos rendidos ante la autoridad.
Orden para devolver el campus no es definitiva: Gurza
El patronato que tomó el control de la UDLAP el pasado 29 de junio se negó a devolver el campus argumentando que la orden de suspensión que obtuvieron los Jenkins no es definitiva y ya procedieron a impugnarla, por lo que en breve podría quedar sin efecto.
"La suspensión provisional a la que hace referencia dicho comunicado se encuentra impugnada, por lo que como su nombre lo dice, sus efectos son meramente provisionales y se espera que sean revocados en los próximos días", expuso Rodrigo Gurza Cárdenas, apoderado legal del patronato presidido por Magaña.
Incluso, dijo que no hay incumplimiento por parte de algún juez en el asunto, sino errores de procedimiento por parte del Poder Judicial, ya que ha notificado a jueces que no intervienen en la atención al litigio.
"El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil de Puebla erróneamente recurrió al juzgado civil 64 de la Ciudad de México para cumplir con dicha suspensión, sin embargo el juez 64 civil tampoco tiene el expediente. El día de hoy el Juzgado Tercero emitió un acuerdo reconociendo esa imposibilidad".
Por último, acusó que son personajes de la familia Jenkins y sus colaboradores los que estarían incurriendo en usurpación de funciones, ya que el patronato a cargo de la UDLAP es el designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado.
