El mismo juez de la Ciudad de México que permitió que el patronato presidido por Horacio Magaña tomara el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) el pasado 29 de junio es el que debe cumplir la orden del Poder Judicial y devolver el campus y el control administrativo a la Fundación Mary Street Jenkins, indicó el vocero de esta última, Enrique Rodríguez Martínez.
En entrevista con El Sol de Puebla, dijo que ayer mismo el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil reiteró que el campus y las cuentas bancarias deben ser devueltas a la Fundación Jenkins de forma inmediata.
"El juzgado ya nos ha respondido que la autoridad que debe dar cumplimiento a este mandato judicial federal debe ser la que originó la intervención ilícita de la UDLAP, es decir, el juzgado establecido en el fuero común de la Ciudad de México es el que debe dar cumplimiento a esta resolución", dijo.
En la resolución que mostró a esta casa editorial y que fue emitida ayer se indica que "es el juez de origen el que se encuentra constreñido a emitir los actos necesarios para cumplimentar la acción concedida".
"Sumado a que la orden de entrega y posesión del inmueble, materia del presente incidente, debe desahogarse de forma tal que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución del acto reclamado, sin que se constituyan derechos que no correspondan a la emisión del mismo, lo que solo puede constatar la autoridad que la llevo a cabo", añade.
El vocero de la Fundación Jenkins dijo que no están facultados para pedir el apoyo de la fuerza pública a fin de dar cumplimiento a la orden judicial, sin embargo quien si puede hacerlo es el juez a cargo del caso y ya se lo han sugerido.
Cuestionado sobre el control de las cuentas bancarias de la institución, dijo que por el momento están congeladas y solo serán restituidas a la fundación UDLAP, presidida por Margarita Jenkins, cuando se consolide la devolución del campus.
Mientras tanto, dijo que la negativa de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla y del patronato presidido por Horacio Magaña para devolver las instalaciones, solo provocará que no se cumpla con el pago de salarios a los trabajadores.
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