Será antes del 30 de agosto cuando el Congreso Estatal apruebe la Ley Particular en Materia de Personas Desaparecidas y la avalada será la mejor, dijo el Gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, luego de que envió su propuesta a los legisladores y la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Merino, confirmó un periodo extraordinario para analizarla y aprobarla.
El mandatario poblano indicó que su propuesta de ley es acorde a la legislación federal, por lo que a las y los diputados les corresponderá hacer las correcciones que consideren pertinentes para mejorarla y dejarla aprobada antes de que concluya la legislatura.
"Habiendo una ley general para todo el país, las leyes particulares solo pueden acogerse a los lineamientos de la ley general. Ya la presentamos y sin duda el tema de desaparecidos es una obligación del primer orden de los gobiernos Federal, Estatal y municipales, en que debemos de contribuir", dijo.
Barbosa Huerta aseguró que aún sin una ley particular en materia de personas desaparecidas, no se ha dejado de atender el tema, ya que se han creado instancias para ello e incluso se han adquirido herramientas tecnológicas para la búsqueda de quienes están extraviados.
"Las instituciones que se han conformado recientemente funcionan , se les ha dotado de presupuesto y desde luego nosotros acogemos todas las iniciativas y los esfuerzos que hacen los familiares, los amigos de los desaparecidos y los apoyamos".
Barbosa sostuvo que todas las acciones y herramientas adquiridas para atender la desaparición de personas van a tener mayores efectos, una vez que el Congreso Local apruebe la ley en la materia.
En otro tema, confió en que haya una "sensible modificación" en el funcionamiento de los 13 reclusorios distritales, con la propuesta que envió al Congreso para realizar modificaciones en el proceso de designación de directores.
"Queremos tener una vigilancia más estrecha, más cercana, de cómo funcionan las cosas en cada uno de los reclusorios distritales", dijo sobre la propuesta que plantea que sea la Secretaría de Seguridad Pública y no los Ayuntamientos los que designen a los titulares de los ceresos.
