En comisiones del Congreso local, avanzó la creación de la Ley de Voluntad Anticipada, que permite a una persona con una enfermedad terminal, concluir su vida dignamente y sin ningún sufrimiento.
La propuesta fue presentada por la bancada del PT en julio del 2022 y aprobada dos años después, por mayoría de votos, en las Comisiones Unidas de Gobernación y Salud.
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Silvia Tanús, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que la nueva normativa permite a alguien desahuciado, suspender voluntariamente su tratamiento curativo, e iniciar uno para aliviar el sufrimiento.
Sin embargo, rechazó que sea un procedimiento similar a la eutanasia: “Aquí no vamos a matar a nadie, simple y sencillamente, porque sobre la vida no podemos legislar en ese tenor”, comentó.
Para acceder a la voluntad anticipada, el enfermo deberá llenar un formato personalmente, ante un notario público o personal de salud con dos testigos. En el escrito se colorarán los datos personales del interesado, el nombramiento de un representante o sustituto que vele por cumplir la voluntad, y la manifestación para donar o no los órganos.
A su vez, los notarios y miembros del sector salud deberán de notificar a la sala especializada (órgano que se crearía), para llevar un conteo de los pacientes que buscan ejercer su voluntad anticipada.
Los testigos no podrán ser menores de edad, médicos tratantes, familiares del enfermo, personas inestables mentalmente, quienes hablen otro idioma al que entiende el paciente o que hayan sido condenados por delito de falsedad.
Asimismo, los empleados y funcionarios públicos, militares, personas que no saben leer ni escribir podrán excusarse de ser representantes.
Los menores de edad con alguna enfermedad terminal también podrían acceder a la voluntad anticipada, aunque el procedimiento sería por medio de un tutor o padre de familia.
De acuerdo con lo expuesto, al menos 17 estados de la República Mexicana ya modificaron su marco normativo vigente y cuentan con una Ley de Voluntad Anticipada.
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