La Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas que busca garantizar los derechos para los familiares de la gente no localizada, será analizada el próximo año por la falta de tiempo este 2023, adelantó la diputada local y proponente de la normativa, Mónica Silva Ruiz.
El pasado 5 de octubre, el Congreso local recibió la propuesta de ley que se elaboró conjuntamente con los integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos, de la Universidad Iberoamericana y hasta la publicación de este texto no ha sido analizada en comisiones ni el pleno.
Ante este contexto, la legisladora local del Partido del Trabajo (PT) reconoció que el tema será analizado en el 2024 porque el 15 de diciembre concluye el periodo ordinario, y adelantó que impulsará el tema para ayudar a las personas con familiares desaparecidos.
“No va a salir este periodo, pero yo tengo la esperanza de ser discutida. Creo que hemos tenido muchos avances, cualquier persona que ha tenido acceso a conocer lo que supone que podría beneficiar, sobre todo los familiares, entonces, ante esta responsabilidad, estamos coincidentes de que es algo que debemos aprobar”, dijo.
Detalló que la propuesta de ley cuenta con 37 artículos en cuatro capítulos y uno de sus fines es: “brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida”.
Con la declaratoria se busca proteger el patrimonio y los bienes adquiridos del desaparecido, así como para permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la persona desaparecida, goce de todos los derechos y los beneficios aplicables, por mencionar algunos aspectos.
Mónica Silva comentó que no se trata de una sobre legislación porque abona a los familiares con una persona desaparecida: “La realidad es que si tenemos una legislación específica donde viene el procedimiento, no contravenimos lo que estipula el Código Nacional de Procedimientos”, expresó.
Desde su perspectiva, el recurso que interpuso el Congreso local para no legislar sobre la declaratoria y con ello tirar el amparo que ganó María Eugenia Margarita Rojas García para afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a su nieta, hija de Fabiola Narváez, que se encuentra desaparecida, es una situación desfavorable.
Pese a ello, la legisladora local se dijo respetuosa de la decisión que tomó el Congreso local.