El maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, ejercido por sus tutores, padres o familiares cercanos, se convirtió en uno de los problemas sociales más agudos en la entidad, que dista de mostrar una mejoría en el futuro ante la normalización de la violencia para “educar” a las personas menores de 18 años y el abuso de poder que realizan sobre ellos, coincidieron representantes de organizaciones e instituciones públicas y privadas en Puebla, quienes lanzaron una alerta para tomar medidas al respecto.
A diferencia de otros delitos, los casos de este tipo de maltrato no hacen ruido entre las cifras de incidencia delictiva estatal porque las víctimas son incapaces de denunciar formalmente las agresiones en su contra. “Es imposible que una niña o niño acuse este delito”, aseguró Leopoldo Castro Fernández de Lara, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Las víctimas que se enfrentan a este delito están a la merced de su agresor, son violentadas por quienes recibieron la facultad de estar a su cargo, no tienen escape. Por ello es difícil que los casos de este maltrato salgan a la luz y sean investigados, sino hasta que esta violencia se replica en contra de un adulto del núcleo familiar (quien sí puede denunciar) o hasta que el problema se agudiza y acaba en otro delito, como homicidio, sentenció Angel Rojas, director del departamento de Programas de la asociación civil Juntos con las Niñas y Niños (JUCONI).
Aunque no existe una cifra exacta de los casos de este maltrato en Puebla, sí hay datos y estimaciones que permiten tener un acercamiento a la condición de este fenómeno en la entidad. Durante el 2022 JUCONI atendió un total de 915 denuncias por violencia familiar en el estado, es decir, donde las agresiones se presentaron en contra del menor y de un integrante más de su hogar, la mayoría de ellas, 554, ocurrieron en la capital poblana, y 332 sucedieron en municipios y comunidades del resto del estado.
De acuerdo con datos recopilados por la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP), durante el mismo periodo la entidad llegó a registrar un poco más de mil denuncias por este maltrato, de tipo físico, psicológico, económico, patrimonial y, en su mayoría, sexual, compartió Jesús Felipe Salazar Montelongo, académico de esa institución de educación superior, quien aseguró que estos datos solo reflejan la punta del iceberg del delito, lo cual significa que pueden representar una cifra muy baja comparada con la realidad.
En relación a la incidencia delictiva de violación equiparada en la entidad (que incluye agresiones sexuales registradas en menores de 14 años), según reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en ese mismo año se abrieron 378 carpetas de investigación por este delito, lo que refleja que cada día se registró al menos una presunta agresión sexual infantil en Puebla, situación que se ha replicado hasta ahora, ya que, de acuerdo con el último reporte de ese Sistema, actualizado el 20 de abril de 2023, hasta el primer trimestre de este año se han abierto 96 carpetas de investigación por la comisión de ese delito.
De forma particular, en el municipio de Puebla, desde el inicio de la actual gestión, encabezada por Eduardo Rivera Pérez (2021), el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) registró 127 denuncias por derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes en la capital. Algunos de ellos continúan en proceso de investigación, compartió Sandra Montalvo Domínguez, directora jurídica de ese organismo.
Pocas sentencias, baja cultura de denuncia
La falta de información de los procesos de denuncia, los trámites burocráticos y la revictimización son las principales barreras a las que se enfrentan los testigos o adolescentes que buscan denunciar un acto de maltrato infantil o adolescente en el estado, por ello es bajo el número de estas acusaciones, lamentó Salazar Montelongo.
“Si un adolescente (que, a diferencia de un niño, sí puede presentar una denuncia por su propia cuenta) va al Ministerio Público, puede encontrar una falta de sensibilidad y poca eficacia, por eso las mismas víctimas no quieren continuar con el proceso, porque les puede ir peor”, dijo.
Otro dato desmotivante: De las poco más de mil denuncias que contabilizó la ELDP por estas agresiones en Puebla durante el 2022 (alrededor de 500 por abuso sexual), únicamente el 15 por ciento concluyeron en una sentencia, que pueden en el caso más extremo son de cuatro años de prisión.
En tanto, de los 127 casos que registró el SMDIF Puebla desde el 2021, el 69 por ciento de ellos fueron por violencia física y psicológica, el 21 por ciento por agresiones físicas únicamente, el seis por ciento por abuso sexual, el uno por ciento por daños psicológicos y sexuales, y un dos por ciento por abandono. Muchas de estas denuncias continúan en proceso de investigación, informó Sandra Montalvo.
“Es muy difícil que se pueda presentar una denuncia por maltrato hacia una niña o un niño y que esta denuncia proceda, incluso los casos que atiende el DIF son sumamente extremos, y esto es a partir de que esta violencia se empieza a manifestar hacia alguno de los adultos, no en los niños”, sostuvo por su parte Angel Rojas.
Al igual que Sánchez Montelongo, el director de Programas de JUCONI coincidió en que el proceso de denuncia se convirtió en el paso que retrocede la sanción, iniciando por la valentía de alzar la voz, posteriormente, comprobar que la denuncia corresponde a una situación de riesgo real (algo que puede ser desmentido por la propia víctima si se encuentra bajo amenaza) y, más tarde, la atención de los organismos de investigación. “Ahí falta mucha sensibilización”, acusó.
A decir de Fernández de Lara, existe un problema estructural que dificulta evidenciar la violencia en el estado, porque estos actos parten del poder que los agresores tienen sobre las víctimas, y por esto es aún más difícil que quienes lastiman cambien estas conductas, por el contrario, aprovechan para imponer su autoridad.
Pandemia agudizó el problema
Tras la llegada de la pandemia de Covid-19, las cifras de violencia familiar incrementaron. De acuerdo con el representante de JUCONI, y con base en datos del SESNSP, de enero a julio de 2021, en comparación con el mismo periodo del año anterior, hubo un aumento del 37.85 por ciento de agresiones psicológicas, un 29.69 por ciento en la violencia sexual, un 26.33 por ciento en la física, un 4.51 por ciento en el abandono y la negligencia, y 1.63 por ciento en la económica.
Aunque estos datos no parten de denuncias específicas por violencia ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes, dan cuenta del maltrato que se ejerció en contextos donde estuvieron presentes personas de estos rangos de edad, mismos que aumentaron por el estrés del encierro o la angustia por la crisis sanitaria y económica, detectó.
Sobre el delito de violación equiparada, y de acuerdo con datos del Secretariado, en 2020 se abrieron 324 carpetas de investigación por este tipo de agresiones, cifra que se disparó el año siguiente, pues en 2021 se alcanzaron un total de 429 acusaciones, es decir, un 32.40 por ciento más en comparación con el año anterior.
Angel Rojas recordó que este delito está presente en todos los contextos sociales, no se acentúa en algún sector por características de nivel socioeconómico, educación o creencia religiosa, es decir, puede ser ejercida al interior de cualquier familia.
Sociedad normalizó la violencia
“Los adultos que crecieron bajo maltrato infantil no están bien gracias a los golpes o abusos, sino a pesar de ellos”, explicó Fernández de Lara. A su decir, la sociedad en general, no únicamente en el estado, normalizó la violencia en la educación de niños y jóvenes, por ello el maltrato infantil no tiene solución.
De acuerdo con los especialistas, los menores que son educados bajo un esquema de violencia y abuso tienden a ser adultos que caen en cuadros depresivos, conductas antisociales, adicciones, falta de autonomía, de desarrollo personal y comunitario, y a replicar dichos patrones de maltrato.
“El maltrato infantil no son las denuncias, es la sociedad mexicana que normaliza este fenómeno, el castigo físico, verbal, está fomentado por una estructura familiar que piensa que estos elementos sirven para formar a los menores en adultos de bien”, lamentó el representante de JUCONI.
Si bien el maltrato infantil debe ser atendido desde las instancias públicas en las que recae esta labor, es responsabilidad de todos encaminar este problema hacia la prevención, pues aún existen muchos patrones culturales que validan el uso de la fuerza y el abuso como un recurso efectivo para educar y formar a las nuevas generaciones, afirmó el académico de la IBERO.
Ante esto, Sandra Montalvo declaró que la mitigación de este maltrato es responsabilidad de todos, por ello, hizo un llamado a los ciudadanos a ser voces solidarias y denunciar estos actos en caso de ser testigos. “Tienen que saber que de no hacerlo también incurren en un delito de omisión”, expuso.
Si usted es testigo de algún tipo de maltrato en contra de niñas, niños y adolescentes puede denunciarlo ante cualquier Ministerio Público, realizando una llamada al 911, o si es en la ciudad de Puebla, al número 222 214 0000, extensión 205 o 208, en un horario de lunes a viernes de 9 a 17:00 horas de la tarde.
