El gobierno de Puebla cancelará por diez años la licencia a las personas que sean sorprendidas en arrancones, además colocará la información de los sancionados en un banco de datos para que la autoridad pueda consultarla al tramitar licencias.
Así lo establece una iniciativa de decreto enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al Congreso del Estado, con el propósito de adicionar el artículo 51 Bis de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla, para quedar como sigue:
“Artículo 51 Bis. En los casos a que se refiere la fracción XXXVII (entablar cualquier tipo de competencia de velocidad) del artículo 19 de esta Ley, se impondrán a los conductores de vehículos de propulsión mecánica además de las sanciones señaladas en el artículo anterior, la cancelación de licencia para conducir, sin que se pueda expedir una nueva en una temporalidad de diez años, considerando el modo, tiempo y lugar en que se cometió la infracción, así como las condiciones y circunstancias, independientemente de las demás sanciones que por el hecho se pudieran generar”.
El proyecto de ley señala que la Secretaría de Movilidad y Transporte se deberá coordinar con la Secretaría de Planeación y Finanzas para mantener un banco de datos en el cual se contenga la información de los sujetos sancionados y la temporalidad en los supuestos establecidos, información que deberá ser consultada por la autoridad en la tramitación de las licencias.
El 15 de enero, Barbosa declaró que desde hace meses se están realizando operativos y que acordó con el secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar, la implementación de dispositivos en los lugares donde se llevan a cabo arrancones. Algunos de estos son la Vía Atlixcáyotl y Calzada Zavaleta.
En noviembre del año pasado, el gobernador solicitó la revisión del caso del joven Juan Carlos Medel, quien fue atropellado en la Vía Atlixcáyotl, debido a que un juez otorgó la libertad al presunto responsable Yamil Gómez.
La iniciativa de reforma a la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso para su estudio y resolución.
