En el estado de Puebla al menos 2 mil 882 personas están desaparecidas. Las familias de las víctimas además de enfrentarse a la angustia y desesperación, también hacen frente a la revictimización y burocratización del dolor, de acuerdo con el análisis de la Universidad Iberoamericana.
El informe “Situación de la Desaparición de Personas en Puebla”, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, indica que datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, recuperados en julio de 2021, existían en la entidad 9 mil 231 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas; colocando al estado en octavo lugar entre las entidades con mayor cantidad de víctimas.
De este total histórico para el estado, 2 mil 882 personas continúan desaparecidas en Puebla. Este dato deja en evidencia que permanecen desaparecidas tres de cada 10 personas.
Enseguida, destaca el hecho de 53.6 por ciento de los casos son mujeres, frente al 46.2 por ciento de hombres.
Respecto a la edad, la Ibero exhibe que, en Puebla, casi la mitad de las personas desaparecidas, el 49.1 por ciento, tenían 19 años o menos al momento de la desaparición; mientras que, a nivel nacional, la desaparición de menores de 19 años representa solo el 40 por ciento.
“Los datos oficiales disponibles, aunque insuficientes, permiten una aproximación para dimensionar la magnitud de la problemática”, añade el análisis.
REVICTIMIZACIÓN Y BUROCRATIZACIÓN DEL DOLOR
El documento indica que a los impactos de la desaparición se suman los efectos causados por la búsqueda; además de afrontar el dolor y la angustia por la desaparición de su ser querido, las familias se enfrentan a los entramados burocráticos que no cumplen con sus funciones.
A través de experiencias de parientes en esta situación coinciden que se enfrentan con la burocratización del dolor y la revictimización que sufren los familiares en su paso por instituciones como la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda.
Sobresale el desarrollo de estrategias dilatorias directas o indirectas para el inicio de la carpeta de investigación; investigaciones simuladas que incluyen el giro de oficios o la acumulación y engrosamiento de carpetas de investigación, así como cuando los propios familiares comparten información de su caso y y las autoridades no actúan en consecuencia, como mencionó un familiar.
“Te acercas a la Fiscalía, les das todos los datos, todos los aportes, y ¿qué hacen? Nada más que te lo toman, lo escriben, lo archivan, y ahí quedó tu aporte, ahí quedó tu... ahora sí, todas las pruebas que tienes ahí quedan nada más en la carpeta, ¿por qué?, porque no hacen nada”, se lee en el documento.
El instituto explica que la dilación, la simulación y la sustitución de las tareas de las instituciones pueden verse como estrategias de burocratización del dolor, ya que la gestión excesiva provoca que el personal utilice gran parte de su tiempo en actividades burocráticas en detrimento de la atención a usuarios o en acciones que las y los familiares percibieran como acciones reales en la atención de sus casos.
A esto se suman dichos o actitudes del personal de la Fiscalía que les revictimiza:
“(…) Sin descansar, sin nada, y todavía empieza la MP [Agente del Ministerio Público] y me dice, qué para qué lloraba, que para qué me preocupaba si así eran los hombres, que los hombres se iban de borrachos y llegaban a la semana, pues se supone que tu esposo iba a recibir dinero, pues ahora que se le acabe el dinero, va a regresar, no sé qué haces acá así llorando, o por qué te pones así, no lo busques, a la semana, ahí lo tienes de regreso, cuando se le cabe el dinero va a regresar”, comparte una víctima en el documento.
Bajo este contexto, el IDHIE emite una serie de recomendaciones a las autoridades responsables del fenómeno en el país, de entre las que destacan asegurar la adecuada y eficiente implementación de la Ley General, la Ley de Víctimas, el Protocolo Homologado de Búsqueda y la recién publicada Ley Local; fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones, además de la humanización de los procedimientos atendiendo siempre a un enfoque interseccional, principalmente de género, siguiendo el principio de desformalización de los procesos que plante al Protocolo Homologado.
