Un médico residente adscrito a la Secretaría de Salud Estatal se suicidó tras sufrir acoso y hostigamiento laboral. La dependencia sabía de esta situación, sin embargo, omitió llevar a cabo acciones específicas para dar solución a esta problemática. Por ello, la CDH pidió que se indemnice a la familia y a la FGE que siga investigando para fincar responsabilidades.
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) emitió una recomendación, la cual quedó asentada en el número 14/2022. El organismo determinó que por este caso se vulneró el derecho humano a la igualdad, seguridad jurídica y una vida libre de violencia, en su modalidad de violencia laboral.
El informe determinó que este médico fue víctima de actos de acoso y hostigamiento laboral; ocasionando que los síntomas debido al estado de salud que padecía se agravaran, incluso se desarrollaron otros que no estaban presentes (no especificaron cuáles).
Lo anterior, provocó que ese entorno laboral fuera un factor de riesgo grave y significativo lo que concluyó en el suicidio. Asimismo, quedó asentado que, aunque la dependencia realizó acciones para atender la problemática, también omitió acciones específicas para dar solución al hostigamiento.
De igual forma, se omitió implementar algún protocolo relacionado con la sintomatología e intenciones suicidas detectadas por el servicio de psicología de dicha Secretaría, hechos que pudieron haber evitado el suicidio.
“En la investigación realizada por este organismo, se observó que los médicos residentes en general, adscritos a dicho Hospital, no se encontraban en un ambiente de respeto y libre de violencia, al estar cursando su residencia médica”, se puede leer.
Con base a lo anterior, la CDH emitió las siguientes recomendaciones: que la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Puebla proporcionen a los familiares directos una reparación integral de daños y atención psicológica para superar las secuelas.
También que retiren a los servidores públicos involucrados, que se elabore y posteriormente difunda un protocolo de actuación para la prevención, atención de acoso, hostigamiento sexual y laboral. En suma, que brinde capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos vulnerados.
Para concluir, pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) dé instrucciones a un agente del ministerio público para que continúe con la integración de la investigación, y en el momento procesal oportuno determine lo que en derecho corresponda.
