A finales de junio del año 1969 en Nueva York se llevó a cabo la primera marcha del Orgullo LGBTIQA+, esto después de una serie de disturbios que se originaron luego de que varios miembros de la comunidad se manifestaran en contra de la opresión de los policías. Desde entonces esta movilización se realiza cada año en diferentes partes del mundo.
En México estos contingentes se apoderaron de las calles por primera vez en el año 1978, y de ahí otras entidades de la República han adoptado estas prácticas con la finalidad de exigir que se respeten los derechos de este sector, además, buscan hacer visibles los crímenes de odio.
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En el año 2002 se organizó en Puebla la primera edición de la marcha del orgullo, desde entonces, diferentes colectivos del estado han trabajado para que las autoridades escuchen sus solicitudes que, tienen el objetivo de brindar igualdad a todos los ciudadanos, sin que sean discriminados por su orientación sexual o identidad de género.
De acuerdo con el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la exclusión de este grupo responde a una serie de prejuicios sociales que limitan “el acceso a la educación, al empleo o a la salud, e incluso el mismo proceso de desarrollo”.
Por ese motivo, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emitido una serie de resoluciones para que las personas LGBTIQA+ gocen de sus derechos como lo hace cualquier otro mexicano, pues se declaró legal el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, reconocimiento de la identidad de género y acceso a la seguridad social.
No obstante, en varias entidades del país no han garantizado en su totalidad estos decretos, y en algunos casos los ciudadanos necesitan buscar un amparo o acudir a otro proceso para obtenerlos, lo que resulta que sean tardados o más costosos que para la gente heterosexual o cisgénero. Es por esta razón que varios colectivos han alzado la voz.
LOGROS DE LA COMUNIDAD LGBTIAQ+ DE PUEBLA
Con el fin de hacer visible a este sector, en 1988 se abrió la primera disco gay en Puebla, la cual llevó el nombre de ‘Keops’, se ubicó en el municipio de Cholula. En el 2001 el activismo dentro del estado tomó fuerza luego de que un grupo de homosexuales fuera agredido tras ser acusados falsamente de tener VIH.
En el 2002 se formó el grupo ‘Vida Plena’, que tenía el objetivo de exigirle a las autoridades que detuvieran las agresiones en su contra, además pidieron que se otorgara más presupuesto al tratamiento del VIH. Ellos organizaron la primera marcha LGBTIQA+ en la entidad, se realizó en domingo de resurrección.
Al poco tiempo, gracias al apoyo del militante Toño Chamorro, se creó 'Juventud Alpha', que buscaba crear espacios seguros para los miembros de este sector. En el 2004 se fundó el Comité Orgullo Puebla, que hizo la Jornada contra la Homofobia, y la Semana Cultural de la Diversidad Sexual.
Del lado social, en ese año se abrió ‘El Encuadre’, el primer café LGBT+, lo colocaron en El Alto. En el 2005 se hizo la segunda semana Cultural de la Diversidad Sexual, recibió mucho apoyo, así como difusión mediática.
Un año después se creó el Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH, igual se promovió la Ley Estatal contra la Discriminación. En el 2010 los festivales del orgullo se expandieron a Tehuacán, Atlixco, y San Martín Texmelucan.
MATRIMONIO IGUALITARIO, IDENTIDADES TRANS Y PROHIBICIÓN DE LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN
Dos años más tarde asesinaron a la activista Agnes Torres, quien se dedicó a luchar por los derechos de las mujeres y las personas transgénero. Su muerte comenzó una serie de movilizaciones, de esta manera se contempló al “odio” como un agravante en los delitos de homicidio y lesiones tipificados en el Código Penal de Puebla.
En el 2014 se promovió un amparo en el estado para permitir el matrimonio igualitario. Pero no fue hasta que en el 2020 que se legalizó, esto luego de una votación en el Congreso Local que resultó en 31 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
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El 25 de febrero del 2021, luego de la presión de varios colectivos trans, se aprobó la Ley Agnes, con la que ya es posible que las personas cambien sus documentos oficiales para que aparezca su género y nombre correcto.
El último avance ocurrió el pasado jueves 2 de junio, cuando se aprobó la ley que castiga con cárcel a las personas que promuevan, realicen o patrocinen las terapias de conversión, es decir, aquellas prácticas que tienen la intención de convertir a los gays o lesbianas en heterosexuales, o a la gente trans en cisgénero.
Este dictamen fue aprobado porque se consideró que estos tratamientos no funcionan, ya que la homosexualidad no es una patología, además, se determinó que son actos violatorios de los derechos, y pese a la oposición de grupos conservadores y religiosos, al final con una mayoría en el Congreso se avaló.
