Los 217 ayuntamientos del estado de Puebla deberán difundir en sus portales de internet, sitios o en sus oficinas información para prevenir la violencia contra las mujeres, por ordenamiento del Congreso del Estado.
Por unanimidad de votos, los diputados aprobaron una serie de reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, derivado de tres iniciativas presentadas por la legisladora Mónica Lara Chávez.
Ahora, los municipios tendrán que suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación en la materia, además difundir en sus portales de internet, en sus micrositios o en sus oficinas municipales, información relativa a la prevención de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, así como los números telefónicos donde se les pueda brindar atención y orientación.
CENTROS DE REEDUCACIÓN PARA AGRESORES
Por su parte, el Gobierno del Estado deberá impulsar programas y servicios integrales especializados de reeducación para presuntas o presuntos agresores, a través de Centros de Reeducación, con el objetivo de transformar los patrones de conducta violenta, además de concientizar y educar para prevenir y erradicar la violencia en todos los tipos y modalidades previstos en la ley.
Los Servicios de Salud tendrán que brindar servicios reeducativos integrales especializados de reeducación para presuntos violentadores y para las víctimas a fin de que puedan participar plenamente en cualquier ámbito de la vida.
A su vez, los municipios deberán apoyar la creación de programas de servicios especializados para agresores con el objeto de transformar conductas violentas.
En abril de 2019, la Secretaría de Gobernación federal, a través de la Conavim, declaró la Alerta de Género en 50 municipios de Puebla, incluida la capital y zona metropolitana, por la persistente violencia feminicida en la entidad.
La declaratoria se hizo tras cinco solicitudes que formularon organizaciones civiles entre 2016 y 2017, durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, a los cuales las autoridades federales les hicieron un total de 36 recomendaciones para combatir esta problemática social.
