El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, celebró que el próximo año inicie el proceso para que desaparezca la Junta de Conciliación y Arbitraje en la entidad y que en su lugar se concreten los centros de justicia laboral.
“Hoy inició la vigencia de la reforma laboral, desaparecerán las juntas y se crearán los centros de justicia laboral que ya van a depender del Tribunal Superior de Justicia y ya no del Poder Ejecutivo como hoy existe en muchos o en todos los estados, yo celebro eso”, expresó en su conferencia matutina.
El mandatario dijo que resolver una controversia entre los trabajadores y los patrones, así como todos conflictos laborales, son asuntos de justicia que tienen que estar en manos del Poder Judicial. Incluso que, en su momento, cuando fue senador impulsó dicha propuesta.
“Nosotros estamos dotando del presupuesto necesario al Poder Judicial para eso, pero antes para instalarse los centros de justicia laboral debe de haber el abatimiento de todo el rezago histórico que tienen las juntas de conciliación. Tenemos que crear condiciones para las juntas antes para que pueda aplicarse de manera correcta estas reformas de justicia”, agregó.
Para finalizar, aceptó que va a ser complicado sacar todos los expedientes que actualmente están en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla y también confirmó que necesitarán más de 100 mil millones para concretar los centros de justicia laboral. “Lo que estamos haciendo es entregar recursos a las juntas para que tengan condiciones de abatir el rezago”, finalizó.
PRESENTA INICIATIVA AL CONGRESO LOCAL PARA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL
En otro tema, el mandatario informó que presentó una iniciativa al Congreso local para reformar el Código Penal y que se pueda sancionar a los elementos de seguridad vial que extorsionen a los trabajadores del campo que exportan sus productos o que ocupan sus cosechas para consumo propio.
“La iniciativa que se presentó por el Gobierno del Estado al Congreso local de reforma al Código Penal tiene que ver con el poder crear un esquema jurídico que impida el abuso de servidores públicos a los productores del campo y sobre todo a los productores más pobres (…) A parte de hacer reformas a los reglamentos interiores de la Secretaría de Seguridad Pública para establecer una conducta sancionadora para aquel servidor público que detenga o infraccione a este tipo de personas que trasladen productos del campo, gente pobre”, explicó.
Aseguró que el objetivo es proteger a los pequeños productores que principalmente trabajan para su autoconsumo o en sus granjas familiares. “Yo no estoy hablando de los grandes transportes de producto de campo de manera industrial, estoy hablando de las camionetitas que circulan en las carreteras estatales y caminos locales y que sobre ellos ejercen una presión y abuso tremendo”, concluyó.
