Mientras el patronato que tiene el control físico de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) aseguró que la Fundación Mary Street Jenkins sufrió un revés judicial porque le negaron una suspensión definitiva para recuperar las instalaciones, el vocero de esta última, Enrique Rodríguez, indicó que no hay ningún cambio en el curso legal del litigio, ya que la orden provisional mediante la cual deben recuperar la posesión del campus sigue vigente.
A través de un comunicado, el patronato que preside Horacio Magaña informó que el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil en el Estado de Puebla “dio un nuevo revés legal” a Luis Ernesto Derbez Bautista y a la Familia Jenkins ya que les negó la suspensión definitiva por medio de la cual pretendían apoderarse nuevamente de la Fundación UDLAP.
“Esta resolución tiene como consecuencia que el Nuevo Patronato, que actualmente tiene el control de la UDLAP siga ejerciendo sus funciones”, señala el documento en el que se señala que la sentencia es derivada de un amparo que promovieron los Jenkins y Luis Ernesto Derbez tras, ser removidos de sus cargos, para echar abajo la decisión que tomó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado, en el sentido de designar a nuevos patronos.
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En respuesta, Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación Mary Street Jenkins señaló que la orden de suspensión definitiva a la que hace alusión la contraparte no está relacionada con los procesos legales que litigan sus representados, ya que fue realizada, de manera particular, por el equipo jurídico de la universidad y la calificó como “un intento para confundir”.
“La verdad es que hay una suspensión que no ha sido acatada durante más de dos meses, que está vigente, que data del mes de julio y que está obligándolos a ellos a devolver el campus, esa está inalterada y no cambia el panorama que tenemos actualmente, que lamentablemente es de un incumplimiento y desacato”.
Añadió que la orden de suspensión provisional dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil que les beneficia para recuperar la posesión del campus sigue vigente, sin embargo ha habido un desacato a la misma por parte de los jueces 60 y 24, quienes ya recibieron una primera multa por este hecho.
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Rodríguez explicó que si continua el desacato vendrá una segunda multa para las autoridades responsables de vigilar el cumplimiento de la orden e incluso podrían ser destituidas de sus funciones, ya que el asunto pudiera llegar, incluso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo que corresponde al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa, dijo que quienes lo integran cuentan con órdenes de suspensión definitiva otorgadas por la justicia federal desde hace mes y medio, lo que impide que puedan ser removidos del cargo y los mantiene como responsables de las cuentas bancarias y la administración de la institución.