El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, aseguró que el órgano que dirige trabaja para garantizar que se respeten los derechos de la ciudadanía, aún en la pandemia. Para tal efecto, agregó, se puso en marcha el “Plan de Continuidad de Operaciones”, así como una plataforma digital de Gestión Judicial, con el objetivo de que las personas tuvieran acceso a la justicia sin necesidad de hacerlo de manera presencial.
Por ello dijo no estar de acuerdo con la evaluación realizada por el The World Justice Project (WJP) respecto al lugar 31 que ocupó el estado de Puebla en materia de Estado de Derecho, de las 32 entidades evaluadas.
En esto último coincidió el gobierno del estado, a cargo de Luis Miguel Barbosa.
La administración estatal expuso en una carta enviada a este diario que la organización basó sus conclusiones en encuestas realizadas a especialistas y abogados, pero sin mencionar la metodología aplicada ni citar a los expertos consultados.
“Los resultados ofrecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEGI dan cuenta que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta mantiene una labor constante y un compromiso por ejecutar cambios en el combate a la corrupción e inseguridad, el Estado de Derecho, gobierno abierto y otros rubros”, puntualiza el texto.
En entrevista con El Sol de Puebla, Héctor Sánchez indicó que si bien la pandemia provocó el paro total y parcial de actividades, en el caso del Poder Judicial del Estado se implementaron estrategias para dar continuidad a los procesos civiles, mercantiles, familiares y penales.
“En el Poder Judicial del Estado hemos estado trabajando con arduo empeño en garantizar el acceso a la justicia en este escenario de pandemia. En marzo del año pasado, emitimos el primer acuerdo en el marco de la pandemia que se denominó el Plan de Continuidad de Operaciones, porque el Poder Judicial nunca para, y obviamente es porque tenemos áreas muy sensibles”, indicó.
En este sentido aseguró que una de las áreas consideradas como sensibles es en materia familiar, en el que aseguró “la obligación es proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes con un interés privilegiado”. A la par mencionó que el área penal, también exige respetar términos y horas precisas para garantizar el derecho de las personas
Si bien, hubo un periodo que mereció la suspensión en procedimientos ordinarios, esta respondió al apego de lineamientos que, en su momento, las autoridades sanitarias establecieron. Sin embargo, a mediados de año tomaron la decisión de emitir otro acuerdo denominado “Plan de Continuidad Progresiva de Operaciones”, con el que iniciaron labores con un 20 por ciento del personal.
“Primero, tenemos la obligación de garantizar el acceso a la justicia, y segundo, de proteger el derecho a la salud tanto de usuarios como de nuestras compañeras y compañeros en este Poder Judicial. Esto no impidió que estuviéramos trabajando al seno de esta institución primero para modernizar la comunicación generando plataformas digitales. Incluso fuimos de los ocho primeros estados de la República hablando de los poderes judiciales que garantizó tener un juicio en línea”.
“NO HUBO REZAGO”
Al preguntarle si registraron un nivel de rezago a causa de la pandemia, aseguró que no ha existido, pues a decir del magistrado, también decidieron priorizar la salud de la ciudadanía y los trabajadores. “De ninguna forma (hubo rezago), lo que hubo fueron medidas de protección a la salud, garantizando el acceso a la justicia. Cuando existen situaciones delicadas, en cuanto a seguridad de las mujeres, niños y niños, todo el tiempo tuvimos medias de protección y aquí quiero enfatizar que en coordinación con el gobierno del Estado generamos un mecanismo, en el que además somos modelo nacional, y lo denominamos Justicia 24/7”.
NO COINCIDE CON RESULTADOS DEL WJP
Por lo anterior, fue que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, dijo no coincidir con la evaluación realizada por The World Justice Project (WJP). “Definitivamente no voy a generalizar, pero en particular, la que publicaron el día de hoy (miércoles), está totalmente fuera de la realidad. Desconozco los objetivos que pudiera perseguir, pero me mantendré en el respeto del trabajo de cualquier ciudadano. Incluso, la crítica es muy buena, siempre y cuando nos permita advertir en dónde estamos omitiendo alguna obligación”, señaló.
Indicó que recibir observaciones por parte de organismos independientes ayuda a fortalecer las áreas de oportunidad, no obstante, consideró que en el caso específico de los resultados que compartió el WJP, el trabajo que se realiza al interior del TSJ resulta disímil a lo que plantea la evaluación.
“Definitivamente no coincido. Me parece sumamente lamentable que estos organismos emitan opiniones que no sustentan su conclusión final, y hablan porque hicieron una encuesta en la que no nos explican el método”, indicó.
Lo anterior, luego de que The World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) -organización independiente, internacional y multidisciplinaria que se enfoca al estudio del Estado de derecho en el mundo- revelara en su informe que la entidad poblana registra déficit, principalmente en temas de justicia penal, respeto a los derechos fundamentales y límites al poder gubernamental.
Sobe esta misma línea señaló que, independientemente de no suscribir lo expuesto por el WJP, consideró que lo importante “es que la gente conozca que tiene un Poder Judicial que está trabajando para garantizar el acceso a la justicia”, finalizó.
