A pesar de que en septiembre del año pasado se reformó el Código Penal del Estado de Puebla para que los presos políticos, adultos mayores y mujeres que abortaron pudieran quedar en libertad bajo la figura del indulto, hasta la fecha ninguna persona en esa condición ha salido de prisión, reveló la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal.
En respuesta a una solicitud de información, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación dijo que al consultar la base de datos sobre las personas privadas de la libertad, encontró que existen cero registros de personas que hayan sido liberadas bajo esa figura jurídica desde septiembre de 2019 hasta la última semana de febrero.
Tampoco existen expedientes en análisis de presos políticos, adultos mayores o mujeres que abortaron y que están en prisión, pero que a través del indulto pudieran quedar en libertad, como pretendía la reforma al artículo 122 del Código Penal del Estado enviada al Congreso por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
La modificación tiene el fin de otorgar el perdón a los reos que por causas políticas están en la cárcel, a los indígenas que les fueron violados sus derechos humanos al ingreso, a adultos mayores de 70 años que hayan cumplido una cuarta parte de su condena, a las mujeres que están presas con condenas menores a cinco años y a los enfermos en condición terminal.
Según la propuesta de reforma en el caso de los indígenas, se realizará un análisis a los usos y costumbres de la población de donde provengan y en el resto de los casos se hará un análisis minucioso para verificar si son candidatos al indulto.
El Sol de Puebla documentó el caso de Dulce, una mujer indígena de 41 años que tendrá que cumplir una condena de 22 años de cárcel por el delito de homicidio en razón de parentesco, es decir aborto. La mujer lleva 10 años recluida en el penal de Tehuacán.
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