Cuando la minera llegó nadie sabía qué haría exactamente. Primero creyeron que se trataba de turistas que habían comenzado a realizar expediciones de aventura, pero al poco tiempo los vecinos de Ixtacamaxtitlán se enteraron que los fuereños venían con la intención de instalarse en el pueblo y realizar trabajos de exploración; para eso contrataron a algunos cuantos.
En los primeros años, la empresa comenzó a realizar exploraciones, guiándose por el color rojizo y textura ondulada de las arcillas localizadas en los cerros circunvecinos, concentrándose en la zona de Santa María Zotoltepec y Tuligtic. Entonces vino una primera oleada de trabajo para hombres y mujeres del municipio, en su mayoría jóvenes o campesinos que conocían bien el territorio.
“Mi hijo trabajaba con ellos, al principio, cuando todavía no sabíamos lo que iban a hacer”, suelta una de las mujeres de Santa María, quien cuenta su historia mientras pide que se reserve su nombre por temor a represalias.
“Él estudiaba y cuando venía al pueblo se iba a trabajar con ellos y ahí sacaba algo de dinerito. Pero luego mi hija se fue a estudiar a Puebla y allá se enteró de lo que era la minería (…) entonces nos enteramos que lo que estaban haciendo no era bueno”, agrega.
Los hombres y mujeres de Zotoltepec, la población más cercana al proyecto de la mina de oro y plata en Ixtacamaxtitlán, están divididos, no sólo en sus opiniones acerca de la minería, sino también en lo social y religioso.
“Antes, todos nos reuníamos, participábamos en la iglesia, en las actividades del pueblo. Si no teníamos mucho que comer, cada quien llevaba lo que podía y estábamos tranquilos, convivíamos. Ahora hay problemas hasta entre familiares”, refiere otra de las mujeres de este pueblo.
CIUDADANOS DESCONFIADOS
Ninguno de los opositores al proyecto quiere dar su nombre, ni permite que se le tomen fotografías o se graben sus declaraciones en video. Pero sí se muestran enojados, molestos y hasta esquivos con la prensa, listos para alzar la voz ante cualquier pregunta que les incomoda o se sale de su línea discursiva.
Agustín Rodríguez, uno de los parroquianos de San Francisco, quien se ha ofrecido a ser guía para platicar con los afectados por el proyecto minero, interviene de vez en cuando asintiendo con la cabeza o como evitando que se den detalles de más a los reporteros.
“Disculpen que paguen los platos rotos, pero compañeros de ustedes nos han hecho unas buenas. Les damos toda la información y luego no publican nada, sólo la parte (versión) de la mina”, excusa.
El argumento central es la contaminación con las sustancias químicas como el cianuro que utilizará la mina, los lixiviados y la destrucción del entorno. Además de “el ruidero que harían las máquinas y el polvo traído por el viento”, refiere una tercera entrevistada que vive en uno de los puntos más cercanos al proyecto minero.
“De acuerdo con los datos de la Secretaría de Bienestar, en Ixtacamaxtitlán alrededor del 80 por ciento de su población vive en pobreza ¿Cómo es vivir en este municipio?”, pregunta el reportero.
“¿Pobres? Nosotros no somos pobres. Pobres los de la ciudad. Aquí si no tenemos para comer vamos al monte y cortamos unos nopales”, responde una de las mujeres entrevistadas, mientras suelta una sonrisa burlona que le hace ver la cara iluminada y jovial, aunque su rostro está lleno de arrugas y sus canas despeinadas se entreasoman debajo de un sombrero raído.
Para los integrantes de la resistencia a la minería o reconocidos entre ellos mismos como “defensores del agua y el territorio”, la única acción posible es que se vaya la minera del pueblo. “Que nos dejen en paz, porque no queremos su dinero”, espeta cada quien, con sus propias palabras, pero con el mismo discurso.
Aunque reconocen la falta de empleo remunerado, señalan que en todos los pueblos han vivido siempre del campo y que no necesitan una mina. “Dicen que economía y desarrollo, pero ahí está la minera desde hace 20 años y qué economía o qué desarrollo han dejado. Ninguno”, cuestiona Agustín al hablar del tema.
Por el contrario, los opositores tampoco tienen un plan efectivo para impulsar el campo. Algunas de las mujeres han emprendido la crianza de gallinas y otras la elaboración de productos a base de hierbas medicinales, pero ninguno ha dado aún los resultados suficientes para sostener a una familia.
Una de las entrevistadas se enorgullece al mostrar que con 20 gallinas que tiene, ha logrado juntar una canasta de huevos en tres semanas y que ésta la vendería en Apizaco al sábado siguiente de la entrevista, en 320 pesos. Esto es, en promedio, 15.20 pesos por día. Menos de un dólar diario.
Cuestionadas sobre qué proyectos podrían implementarse en la comunidad con apoyo de los gobiernos como plan alternativo a la minería, las mujeres entrevistadas coinciden que cualquiera como el de Sembrando Vida o el de Jóvenes Construyendo el Futuro, del que se ven beneficiados actualmente.
Con el programa agrícola, los sembradores que en el municipio suman alrededor de 200, reciben mensualmente un apoyo de 4 mil 500 pesos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a cambio de sembrar árboles maderables y de otras especies, pero para tener acceso al esquema federal deben contar con al menos 2.5 hectáreas de terreno disponible. Por eso no todos pueden ser beneficiarios.
OTROS VEN UNA OPORTUNIDAD
En contraparte, Heriberta Zamora, originaria de Santa María Zotoltepec, ve como una alternativa económica la instalación del proyecto minero en el municipio. Para ella, que ha pasado toda su vida en este pueblo, la generación de empleos y la movilidad del comercio serían las principales ventajas.
“Los hijos tienen que emigrar, si quieren estudiar tienen que salir, quieren tener trabajo, hay que salir. Aquí no hay ingreso como para tener un trabajo que digas: ‘pues aquí me quedo’ (…) yo opino que es un beneficio el que la minería se abriera. Habría más inversión, más personas. Incluso yo podría ayudar a mi esposo con un puestecito de tamales y ya sé que yo puedo contribuir al hogar, pero pues (actualmente) a quién le vendes, no hay quien”, refiere.
La mujer de unos 45 años, confirma que el único ingreso de las familias es el cultivo en el campo y la crianza de ganado, aunque la falta de apoyos de parte de los gobiernos ha provocado que los jóvenes se vayan a trabajar a otras partes.
“Se van por temporadas y a veces regresan”, relata la mujer.
Entrevistada frente a la iglesia del pueblo, María Daniela Guzmán, una joven veinteañera, relata que ella llegó a Santa María junto con su esposo y su pequeña hija, provenientes de la Ciudad de México, apenas hace unos seis meses. La pandemia de Covid-19 y los decesos de sus familiares cercanos los orilló a trasladarse a éste que es el pueblo de su esposo, donde han encontrado una forma de vivir más tranquila.
“Él comenzó a dedicarse a la siembra, las labores del campo, luego consiguió trabajo en la minera y ahí ya tiene algo más estable”, señala, refiriéndose a la brigada de prevención de incendios que acaba de habilitar la empresa y que da empleo a una docena de pobladores, quienes incluso ya fueron capacitados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y cuya labor es la prevención de siniestros.
Aunque afirma que la vida de la ciudad y del campo son completamente distintas, Daniela ve la posibilidad de quedarse en Santa María en caso de que sigan teniendo empleo, incluso piensa con la crianza de gallinas y ganado que le permitan tener estabilidad sin necesidad de regresar a vivir a la ciudad.
MINERA ARGUMENTA RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Minera Gorrión ha emprendido desde hace unos años un proyecto de riego con campesinos de Zacatepec, la comunidad ubicada al norte del polígono donde estaría el tajo de 133.68 hectáreas para extracción de los minerales a cielo abierto.
El proyecto contempla la construcción de dos presas, una de 300 mil m3 para uso cotidiano de la minera y otra de 1.8 millones de m3 de agua para evitar la inundación del tajo. Esta última estaría destinada a las actividades agrícolas y proyectos productivos, incluso después del retiro de la mina.
“Son circuitos cerrados, donde no se está saliendo el agua constantemente, pero de vez en cuando se tienen que cargar a través del sistema, pero esa agua está disponible para cualquier tipo de actividad agrícola, actividad comunitaria, que se verá obviamente reflejado en un beneficio para las comunidades que están alrededor del proyecto”, explica en entrevista Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión, al hablar sobre la obra social a la que se compromete la empresa.
El representante de Almaden Minerals Ltd refiere que actualmente la compañía está participando con pobladores de la comunidad de Zacatepec, “tenemos un proyecto piloto para ver cómo captar esa agua y poderla distribuir por sistemas de riego inteligente”; acción que podría mantenerse aún después de que se vaya la minera del pueblo.
La empresa cuenta, además, con un plan de desarrollo basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya finalidad es la erradicación de la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad. Asimismo, en 2021 implementó un programa de protección a los Derechos Humanos, único en proyectos extractivos. Todo esto, a raíz de la oposición de las organizaciones sociales.
UN FUTURO INCIERTO
En febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía en Ixtacamaxtitlán, hasta que no haya una consulta pública en el municipio.
Actualmente, la resistencia encabezada por el ejido Tecoltemi mantiene frenado el proyecto de Minera Gorrión, aunque la empresa se declara lista para entrar en acción en cuanto el gobierno federal le dé “luz verde”.
El amparo ganado por los pobladores, se ha convertido en jurisprudencia para revertir concesiones entregadas a otros proyectos que se desarrollan en el país. Por ello, el caso es considerado como un triunfo de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales a favor de la autodeterminación, sin embargo, también podría terminar por definir el futuro de la minería en México.
