Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Rafael Moreno Valle confirmó que hace unos días tramitó un amparo, pero aseguró que el recurso lo hizo luego de recibir un citatorio para declarar por el caso “Rápido y Furioso”, no por miedo a una investigación en su contra. Aprovechó para mencionar que no ha cometido ningún delito y por esta situación desistió del amparo.
“El citado amparo fue solicitado en virtud de que el citatorio que recibí a principios de mes carecía de número de averiguación previa y tampoco precisaba en que calidad debería de acudir a rendir mi declaración ante el representante social de la federación, sin embargo, tras presentarme en las oficinas de la SEIDO de la FGR confirmé que se trataba de una investigación sobre el caso Rápido y Furioso”, publicó en su red social Twitter.
Explicó que una vez desahogada la diligencia ante la FGR y haber constatado el número de la averiguación previa (ya que su intervención era en calidad de testigo y no de indiciado) procedió a solicitar el desistimiento de amparo ante el juez cuarto del distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México.
“No ando a salto de mata (…) mi citatorio obedecía a la investigación que con todo sigilo lleva a cabo la SEIDO de la FGR con relación al operativo (…) en medio de esta desinformación el propio gobernador de Puebla (Miguel Barbosa) emitió una serie de calificativos, difamaciones e improperios como: delincuente y criminal, en contra de mi persona cuando no era necesario, propios de alguien que ignora las leyes y sus funciones, apartándose de su responsabilidad como titular del poder ejecutivo estatal, de velar por la presunción de inocencia de las personas, más allá de sus filias”, agregó.
Aseguró que ha sido investigado durante los últimos 20 años y hasta el momento no se le ha encontrado ningún delito, ni siquiera en la participación en el robo de combustible o el involucramiento con huachicoleros.
Puntualmente en el caso de Chalchihuapan dijo que ya es una “cosa juzgada”, pues la CNDH dio por válidas todas las recomendaciones, incluida su responsabilidad de orden administrativo, por lo que tuvo que pagar 500 mil pesos, que fueron parte de la indemnización que cobró Elia Tamayo Montes, madre del niño que murió por el desalojo violento.
“No tengo miedo (…) porque no he cometido ningún delito y cuando estuve en Puebla di los mejores resultados en materia de seguridad, ojalá las autoridades locales chequen y comparen bien las cifras de la incidencia delictiva entre abril del 2013 y julio del 2015 para que objetivamente vean que son las mejores en los últimos 24 años (…) tengo la conciencia tranquila y no tengo nada de que avergonzarme porque no he cometido ningún delito”, concluyó.