El gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, plantea elevar de 12 a 17 las secretarías que componen la estructura del gobierno del estado, derivado de la separación de cuatro dependencias y la creación de la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva, según consta en la propuesta que envió al Congreso del Estado para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
Las dependencias que se separan son la Secretaría de Finanzas y Administración; la Secretaría de Cultura y Turismo; mientras que la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) se convierte en una Secretaría de Trabajo y otra de Economía; y la de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) en una de Movilidad y Transporte y otra de Infraestructura.
En cuanto a la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva se propone reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en varios ámbitos, con un enfoque intercultural para respetar los usos y costumbres, pero con el objetivo de lograr una sociedad más equitativa.
“La reducción de las desigualdades entre las personas, incorporando entre sus metas la erradicación de la discriminación en todas sus formas, a fin de garantizar la inclusión social, económica y política de todas las personas, su acceso a la justicia, a la protección social, independientemente de su edad, condición social, estado de salud, religión, orientación sexual, identidad de género, estado civil, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, lengua, ubicación geográfica u otra condición”.
La propuesta también refleja cambios la Secretaría General de Gobierno (SGG) que se convierte en Secretaría de Gobernación, mientras que la Secretaría de la Contraloría se convierte en la Secretaría de la Función Pública.
En el caso de la Secretaría de Gobernación, se le quitan algunas facultades como la de coordinar a los demás integrantes del gabinete y todas aquellas relacionadas con prevenir y erradicar la violencia de género en la entidad, así como el fomento del desarrollo político en materia electoral.
De las funciones que conserva destaca la coordinación de Protección Civil y las relativas al sistema de investigación y análisis de información. “Una facultad indispensable para el ejercicio de las demás acciones de gobierno, en el entendido de que nunca deberá ser utilizada para efectos de espionaje político”, precisa el documento.
De acuerdo con la justificación de estas modificaciones, se busca implementar una visión “progresista” de la próxima administración estatal, pues resalta que debido a las 30 modificaciones que se han realizado desde 2011 hay ambigüedad de competencias y poca claridad en las funciones.
“Esto le ha supuesto no conservar una estructura clara y, por tanto, no contar con un hilo conductor que la articule, lo que hace sumamente difícil de identificar las facultades de cada uno de los sujetos de la ley, comenzando por las del Gobernador. Se encuentran duplicidades y ambigüedades, muchas de ellas provocadas por reformas realizadas en distintas épocas, llevadas a cabo sin un criterio sistemático ni ordenador”.
La iniciativa corrige algunos vicios existentes en la ley vigente, como el hecho de proponer que los organismos públicos descentralizados solo puedan estar sectorizados a las secretarías y no depender directamente del gobernador.
De igual forma, le quita al titular del Poder Ejecutivo el mando de la Policía Municipal de su lugar de residencia, pues contraviene el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
“En la ley vigente hay una disposición que establece el mando de la policía municipal para el Gobernador en donde éste resida habitualmente, esta disposición contraviene lo dispuesto en los artículos 115 constitucional, fracción VII y el 79, fracción X de la Constitución del Estado, que le otorgan ese mando sobre la policía municipal en aquellos casos que el mismo Gobernador juzgue como de fuerza mayor o alteración grave”.
