La interrupción legal del embarazo por violación es una medida de reparación integral del daño y quienes han acompañado casos de aborto por esta causal conocen el impacto desgarrador, de modo que lo mínimo que el Estado debe garantizar ante este delito sexual es proveer servicios de salud, pues continuar con un embarazo no deseado es tortura.
Así lo expuso Erika Yamada, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Ddeser Puebla, al advertir que obligar a niñas a parir es tortura, además que las mujeres que abortan no le deben nada a las que han perdido un bebé.
Durante el tercer eje “Criminalización de las mujeres: una aproximación desde la igualdad de género”, del parlamento abierto sobre derechos sexuales y reproductivos que organiza el Congreso del Estado, cuestionó a los grupos que se hacen llamar “provida” y que están en contra de quitar las penas por aborto, pues dijo que la despenalización incide en que las mujeres que han tenido un aborto espontaneo o parto fortuito no sean criminalizadas.
Refirió que no existe el trauma postaborto entre las mujeres que abortaron por voluntad propia, ya que estudios muestran que la mayoría se siente satisfecha con su decisión.
Erika Yamada resaltó que con la aprobación de una iniciativa que despenaliza el aborto, el Congreso de Puebla estaría mostrando congruencia con los compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, especialmente en igualdad.
A su vez, Romina Romero, de la red de mujeres feministas y activistas jóvenes, REDefine Puebla, dijo que en un Estado laico es imprescindible que los dogmas religiosos no afecten las legislaciones al momento de tratar temas de salud pública como la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que se discutirá en comisiones al término del parlamento abierto.
Además, Zavine Magadán, vocera de REDefine, sostuvo que de acuerdo con estándares internacionales, la negativa del Estado de proveer servicios de salud para la atención del aborto, violenta el principio de igualdad y no discriminación, por lo que también se pronunció en contra de criminalizar a mujeres que han decidido abortar.
