La Secretaría de Desarrollo Urbano ha demolido ocho construcciones que invadían la vía pública en lo que va del año y retirará un número similar en las próximas dos semanas, informó el titular de la dependencia, Felipe Velázquez, quien refirió que los procesos para evitar “el agandalle” son largos, ya que hay quienes recurren a ampararse.
En entrevista, precisó que la dependencia a su cargo heredó mil 200 expedientes relacionados con invasiones en vía pública, no obstante, tras un proceso de depuración quedaron 600 a los que se les ha dado seguimiento por tratarse de casos en donde se requiere la intervención de la autoridad para liberar los espacios.
Detalló que en aproximadamente 300 casos se ha iniciado el trámite de notificación para que los responsables retiren la construcción que invade el espacio público o, en caso contrario, el gobierno proceda a hacerlo, aunque dejó en claro que es un procedimiento largo porque hay quienes se defienden legalmente.
“Tenemos reportes muchos tienen 10, 20 o más años de haberse instalado, son estructuras, rejas y construcciones que se instalaron muchísimo tiempo atrás y no se hizo nada, entonces es muy difícil resolver todo tan rápido como quisiéramos, puesto que ya incluso, en algunos casos, se han generado derechos y en algunos casos incluso se promovieron juicios de usucapión para apropiarse de los espacios que se ocuparon de manera irregular”, precisó.
Bajo este contexto, subrayó que es importante que quienes sean testigos de una invasión en la vía pública procedan a denunciar al vecino que está cometiendo ese acto ilícito, ya que cuando se tolera la situación por más de 10 años es cuando los responsables proceden a ampararse alegando que llevan suficiente tiempo para reclamar la propiedad.
“Hay de todo, extensiones de las viviendas a la vía pública, hay la construcción sobre los cajones de estacionamiento, hay construcciones en parques, hay construcciones en casas que colindan con áreas verdes y se amplían hacia él área verde, hay cierre de calles, hay ocupación de banquetas, hay ocupación de andadores, hay de todo tipo, es una anarquía que ha prevalecido en muchas zonas de la ciudad y en la que debemos poner orden”, enfatizó.
Felipe Cruz destacó que las demoliciones se realizan conforme a la disponibilidad de los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y una vez concretadas según procede a requerir al particular responsable para que cubra los gastos realizados por el gobierno.
Finalmente y respecto a las sanciones que se han impuesto a quienes rebasan los decibeles permitidos y provocan contaminación por ruido, informó que son cinco hasta el momento, en los que se ha procedido a clausurar y cobrar la multa correspondiente.
