A casi dos años de que llegó al cargo, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, mantiene oculto su patrimonio, pues no autorizó que se difundiera la versión pública de su declaración patrimonial.
Apenas el 30 de julio, el Órgano Interno de Control y Seguimiento a la Gestión de la ASE validó y actualizó en la Plataforma Nacional de Transparencia las declaraciones de la situación patrimonial de analistas, coordinadores, jefes de departamento, secretarios técnicos, subdirectores, directores de área y auditores, sin embargo, ninguno autorizó la publicación de la información.
“La Celda denominada "Hipervínculo a la versión pública Declaración de Situación Patrimonial" se dejó en blanco debido a que el Servidor Público no autorizó la publicación de la versión pública de su declaración”, señala.
El 27 de noviembre del 2019, Francisco Romero rindió protesta como auditor ante el Congreso del Estado para un periodo de siete años, es decir estará en el cargo hasta el 2026, con posibilidad de ser ratificado por otro lapso.
SUELDO DE UN MILLÓN DE PESOS AL AÑO
Su sueldo mensual neto es de 84 mil 663.36 pesos, es decir al año obtiene un millón 15 mil 960.32 pesos, según la plataforma de transparencia.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla señala que los sujetos obligados deberán publicar, difundir y mantener actualizada y accesible en sus sitios web o en los medios disponibles, la remuneración mensual bruta y neta y la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen.
Romero Serrano fue presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE) y dirigente del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex). Apoyó abiertamente la campaña de Miguel Barbosa Huerta como candidato de Morena a la gubernatura de Puebla en las elecciones de 2018 y 2019.
Versiones periodísticas señalan que el auditor benefició a sus amigos con auditorías externas, a pesar de que incumplían con los requisitos de la convocatoria. El objetivo fue cobrar por revisar las cuentas públicas de los 217 ayuntamientos del estado con honorarios que superan el millón de pesos.
