/ lunes 23 de diciembre de 2019

Oculta gobierno de Barbosa investigación por presunto fraude de uniformes

Mediante una solicitud de información, se dio a conocer que estos datos permanecerán en secrecía hasta por cinco años

El gobierno estatal reservó por dos años, las investigaciones que se efectúan sobre los sobrecostos de los uniformes escolares, tema que se denunció a inicio de esta administración de Luis Miguel Barbosa.

Mediante una solicitud de información, se dio a conocer que estos datos permanecerán en secrecía para la sociedad civil, en tanto haya resolución.

Como parte de la solicitud 01637419, se preguntó a la Secretaría de la Función Pública alguna información relativa a las investigaciones por las fallas y sobrecostos de uniformes escolares, calzado y mochilas que el gobierno estatal contrató con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive).

Además de las razones sociales de las empresas a las que se les compraron los aditamentos escolares y el folio de las investigaciones, se pidieron las versiones públicas de los contratos del 2015 a 2019 de las adquisiciones de los uniformes, así como conocer las sanciones o multas para las firmas implicadas.

La dependencia estatal dijo que “la información solicitada se encuentra clasificada como información reservada”.

Lo que sí se informó es que el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene conocimiento de los hechos (sobrecostos de los uniformes), cuestión que podría derivar en responsabilidad administrativa de empleados públicos.

El expediente SC.SCA.OIC.SEP.DQD/10C.10. 11/32-2019 es el que se abrió para efecto de las investigaciones.

Los motivos por los que el gobierno estatal no desglosó la información de las investigaciones son porque puede obstruir procedimiento para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución administrativas, porque puede afectar los derechos del debido proceso o porque vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado.

La información podría permanecer en reserva por dos, o hasta por cinco años, dependiendo de la fecha de resolución.

El gobierno estatal reservó por dos años, las investigaciones que se efectúan sobre los sobrecostos de los uniformes escolares, tema que se denunció a inicio de esta administración de Luis Miguel Barbosa.

Mediante una solicitud de información, se dio a conocer que estos datos permanecerán en secrecía para la sociedad civil, en tanto haya resolución.

Como parte de la solicitud 01637419, se preguntó a la Secretaría de la Función Pública alguna información relativa a las investigaciones por las fallas y sobrecostos de uniformes escolares, calzado y mochilas que el gobierno estatal contrató con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive).

Además de las razones sociales de las empresas a las que se les compraron los aditamentos escolares y el folio de las investigaciones, se pidieron las versiones públicas de los contratos del 2015 a 2019 de las adquisiciones de los uniformes, así como conocer las sanciones o multas para las firmas implicadas.

La dependencia estatal dijo que “la información solicitada se encuentra clasificada como información reservada”.

Lo que sí se informó es que el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene conocimiento de los hechos (sobrecostos de los uniformes), cuestión que podría derivar en responsabilidad administrativa de empleados públicos.

El expediente SC.SCA.OIC.SEP.DQD/10C.10. 11/32-2019 es el que se abrió para efecto de las investigaciones.

Los motivos por los que el gobierno estatal no desglosó la información de las investigaciones son porque puede obstruir procedimiento para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución administrativas, porque puede afectar los derechos del debido proceso o porque vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado.

La información podría permanecer en reserva por dos, o hasta por cinco años, dependiendo de la fecha de resolución.

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