La asociación Dale la Cara al Atoyac logró que un juez ordenara entregar el título de concesión vigente entre Agua de Puebla y el Soapap, con sus modificaciones y anexos, para conocer las condiciones por las que se concesionó el servicio y obligar a los gobiernos a que cumplan con el saneamiento del agua.
En un comunicado, la organización informó que hace dos años iniciaron la solicitud ante jueces federales y después de amparos, entregas obsoletas del contrato y audiencias, el 25 de abril lograron que un juez ordenara entregar el título de concesión entre Agua de Puebla para Todos y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.
Los activistas señalaron que conocer la última versión del contrato es fundamental para obligar a los involucrados y los gobiernos federal, estatal y municipal a actuar con responsabilidad respecto a las condiciones por las que se concesionó el servicio de agua y su saneamiento en Puebla, dado que con la información correcta será posible lograr acuerdos para evitar el desplome y la ineficacia en un servicio que es de vital importancia para los ciudadanos.
Deuda de mil 500 mdp sigue vigente, gobierno de RMV no pagó a BANOBRAS
Solicitaron a las autoridades que analicen la información del convenio y actuar con sensatez, pues recordaron que aún existe la deuda de mil 500 millones de pesos que el gobierno del Estado en 2013 no pagó a BANOBRAS cuando entregó la concesión, en referencia al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
Dale la Cara al Atoyac consideró que el haber negociado la deuda a largo plazo y dejado como aval al gobierno del Estado, no se cumplió con uno de los objetivos que se justificaron en la concesión, que es el endeudamiento y falta de capacidad de inversión del Soapap para mejorar el servicio.
Señaló que en el convenio modificatorio destacan los nuevos plazos concedidos a la empresa para cumplir con las inversiones comprometidas en el contrato original, además el concesionario puede dar por terminado el convenio por razones ventajosas, puesto que ponen cláusulas que permiten demandar a Soapap una enorme indemnización en caso de incumplimiento.
