Organizaciones sociales como Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), REDefine Puebla, entre otras, interpusieron una serie de amparos contra la regulación del delito de aborto en Puebla.
A través de un comunicado, organizaciones de la sociedad civil informaron que estos amparos forman parte de los esfuerzos para la despenalización y el acceso al aborto que están impulsando el Congreso local y tiene como objetivo que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas.
Es importante recordar que en enero de este año, diputados locales de Morena presentaron iniciativas de reforma al Código Penal para legalizar el aborto y aumentar las penas de cárcel de cinco a ocho años al que haga abortar a una mujer o persona gestante sin su consentimiento. La propuesta busca reformar cuatro artículos del Código.
Los amparos presentados se basan en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que la criminalización absoluta del aborto como el uso del derecho penal para prohibirlo son inconstitucionales; garantizar a las mujeres y personas gestantes el derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales y que las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales.
El documento indica si el amparo se concede, el aparatado de los códigos penales impugnados ya no tendrán efectos y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podría ser castigada por abortar.
En el caso de la entidad poblana, el Código Penal del Estado de Puebla señala que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, mismo que se castiga de uno a ocho años de cárcel, a quien haga abortar a una mujer, así como de seis meses a un año a la mujer que decida interrumpir su embarazo.
Por último, el colectivo de organizaciones se dijo confiado en que el máximo tribunal constitucional del país no desechará el amparo y su decisión sea a favor de ejercer la autonomía reproductiva.
“Las organizaciones que impulsamos esta estrategia buscamos que ninguna mujer o persona gestante, ni el personal de salud, sean criminalizados por aborto. Confiamos en que las resoluciones del máximo tribunal del país guíen las decisiones de las y los juzgadores de las entidades donde el ejercicio de la autonomía reproductiva aún es penalizado”, se lee en el documento.
