La pandemia de Covid-19 y el confinamiento sacaron a flote el incumplimiento de padres para el pago de pensiones de sus hijos en el estado de Puebla. Durante 2020 y 2021, años de la emergencia sanitaria, el delito por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar presentó un incremento en el estado de Puebla del 727 por ciento y 781.8 por ciento, cada uno, contra las denuncias registradas en 2019.
Según datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a lo largo del 2020 se abrieron 273 carpetas de investigación por incumplir con el pago de pensión alimenticia, aunque éste era un fenómeno que ya se venía presentando, tal como quedó registrado con los 33 casos reportados en todo el año previo.
Además, la cifra repuntó en el último año, ya que de enero a diciembre del 2021 se denunciaron 291 ilícitos de este tipo, cifra que representa 781.8 por ciento más que las indagaciones del 2019 y 6.5 por cierto más que las del 2020.
De acuerdo con Socorro Quezada Tiempo, integrante de la Red Plural de Mujeres en Puebla, la pandemia aceleró y visibilizó esta realidad a nivel nacional.
Explicó que la pensión debe cubrir todo lo que una persona necesita para vivir: comida, zapatos, vestido, educación y recreación.
Sin embargo, reconoció que para evadir esta responsabilidad los papás recurren argumentos como dejar de trabajar o cambio de empleo por uno de menor salario.
“Hay que destacar que en su mayoría son los hombres quienes deben de cumplir con el pago de pensión alimenticia y por ello son los que evaden esta responsabilidad, y en la pandemia los pretextos como no tener trabajo o que sus ingresos fueron menores aumentaron. Lamentablemente las mujeres que se quedan con el cuidado y la manutención de las hijas e hijos no pueden tener ese pretexto y tiene que cubrir sus necesidades”, comentó.
DENUNCIAS POR MES POR PENSIÓN ALIMENTICIA
El desglose del reporte anual exhibe que octubre fue el mes con mayor número de carpetas de investigación iniciada en el último año con 33 casos, es decir que en tan solo un mes se abrió el mismo número de averiguaciones que en todo el año de 2019.
Siguiendo con la información en enero se abrieron 18 carpetas de investigación, febrero con 24, para marzo subió a 30, abril con 20, en mayo se denunciaron 25 casos y junio cerró con 22. Para julio la cifra subió a 35, agosto cayó a 26, septiembre y noviembre con 22 indagaciones cada uno y diciembre terminó con 14 denuncias.
Según la legislación en la materia, cuando un juez de lo familiar dicta una sentencia para el pago de pensión alimenticia y el padre la incumple, se convierte en un proceso penal. Desde el 4 de enero de 2012, ese hecho constituye un delito del fuero común a nivel nacional.
Sin embargo, desde la perspectiva de Quezada Tiempo, pese a que es un delito, no se toman acciones reales para castigar y erradicar, por lo que muchas mujeres que se encuentran en esta situación no denuncian.
“Todos los temas que vivimos las mujeres de opresión, violencia y discriminación son importantes pero pareciera que este no, hay tantos casos y pocas resoluciones, esto abre la posibilidad de que haya situaciones que no se denuncian. Mientras no haya un cambio en la forma de impartir justicia y se haga con perspectiva de género, las mujeres no tendrán la confianza para iniciar una investigación”, finalizó.
