La ciudadanía no paga ni la mitad del costo real de un boleto del sistema de Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), apuntó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, tras referir que el subsidio que se le otorga para su funcionamiento es, “como muchos servicios [de transporte público], un servicio deficitario”.
Así, el mandatario reveló que, las empresas beneficiadas de la licitación por la operación de dicho medio de transporte, que está a cargo de Carreteras de Cuota Puebla (CCP), reciben la cantidad de 19 pesos por cada persona que se traslada en RUTA.
Por lo tanto, si la tarifa pública es de 7 pesos con 50 centavos, el gobierno debe subsidiar los 11 pesos con 50 centavos restantes. En otras palabras, el Estado paga el 61 por ciento del costo real del boleto a las empresas que operan el servicio.
“Como muchos servicios [de transporte público], [es un] servicio deficitario (...) Así lo contrataron los gobiernos que beneficiaban a los privados bajo cualquier condición, entonces vamos haciendo muchas cosas en el sistema de transporte, lo estamos mejorando, hay muchas cosas”, apuntó en conferencia de prensa el 2 de junio.
Agregó que los ingresos del RUTA se mantienen al alza en la actualidad: “La recaudación se va incrementando muy fuerte”.
FALTAN PREDIOS PÚBLICOS POR REGULARIZAR: BARBOSA
En otro orden de ideas, el gobernador del estado reconoció que son “muchísimos [los] bienes históricos y públicos que no tienen título de propiedad”. Lo anterior ocurrió un día después de que fueron entregados poco más de 600 documentos que acreditan la posesión de inmuebles, principalmente de gobiernos municipales y personas de escasos recursos económicos.
En ese sentido, relató que la regularización de terrenos, sobre todo los que están en posesión de entidades gubernamentales, no ha sido precisamente una prioridad para las diversas administraciones municipales.
“Está todo el estado así (...) [inclusive] hay miles de escuelas que no tienen título de propiedad, [ni] las sedes de los gobiernos municipales. Daban por hecho que si estaban ocupadas por gobiernos, pues ya no requerían título”, acotó.
Por eso, concluyó diciendo que en la actualidad, bajo los nuevos estatutos para la operación de obra pública, es requisito indispensable que se acredite la propiedad del inmueble que se vaya a intervenir.
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