Tras confirmar que el título de concesión que privatiza el agua no fue aprobado por el Congreso del Estado, el Frente por el derecho humano al agua, saneamiento y contra la privatización, pedirá al gobernador Miguel Barbosa que exija que el Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) vuelva a manos del ayuntamiento capitalino.
Esto para empezar con la desprivatización del servicio de agua potable y alcantarillado que fue entregado por 30 años a la empresa Concesiones Integrales-Agua de Puebla.
Jorge Méndez, integrante del Frente, dijo que el título de concesión rebasaba el periodo del ayuntamiento de Eduardo Rivera Pérez (2011-2014), por lo que el Poder Legislativo debió aprobarlo, pero no fue así, lo que comprueba que el contrato es ilegal.
“Ya no hay elementos para detener lo que ya acordó el ayuntamiento desde el 25 de junio de este año de revocar el título de concesión. Habrá que revisar a fondo qué funcionarios tienen responsabilidad al respecto, quienes le dieron legitimidad si era ilegal. Recordemos que después de discutido en el ayuntamiento y dar pauta a la privatización pasó al SOAPAP, pero hay que recordar que fue modificado a modo por Moreno Valle”, dijo.
Aseguró que el responsable directo de legitimar el contrato es el consejo directivo del SOAPAP y su titular Gustavo Gaytán Alcaraz en contubernio con Francisco Muñoz Pérez, actual director de Gestión del Agua y Planeación en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del ayuntamiento de Puebla, por lo que exigió la destitución de ambos.
Después de que el Congreso local respondió en una solicitud de información que el contrato de concesión no fue aprobado por el legislativo porque no existen documentos y grabaciones de la autorización, los integrantes del Frente pedirán al gobernador Barbosa corregir las funciones del SOAPAP y devolver las facultades al ayuntamiento capitalino.
“El SOAPAP no tenía por qué modificarse, es el único organismo operador que está bajo jurisdicción del gobierno del estado, es un ente para auxiliar los trabajos relativos al agua del municipio. Podemos fincar responsabilidades, porque podemos decir que es delincuencia organizada, violentaron las leyes, fue un contrato leonino”, agregó Méndez.
