El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del Estado, Eduardo Alcántara Montiel, descartó que su propuesta para castigar con cárcel a las autoridades municipales que permitan la venta ilegal de bebidas alcohólicas a menores de edad se trate de un señalamiento en contra el titular de la Secretaría de Gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe.
Luego de que el proyecto fue avalado en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el líder del grupo parlamentario pidió al funcionario municipal no considerarlo como un tema personal. Sin embargo, fue tajante al señalar que desde el ámbito legislativo se tenían que realizar una serie de acciones para evitar la proliferación de negocios con la venta ilegal de bebidas embriagantes.
Eduardo Alcántara ejemplificó que al vecino de una persona que para emprender comienza a vender micheladas en su estacionamiento o cochera no le será cómodo la instalación de mesas, bocinas y otros artículos para que funcione el negocio.
“Yo espero que no se lo tomen personal. Más bien es un tema de que tienen que entender que tenemos que asumir responsabilidades. No podemos estar agachando la cabeza cada qué hay un problema en la ciudad y que la gente está esperando que le resuelvan en este tipo de problemas”, asentó.
Reconoció que ha sido uno de los personajes que más ha señalado la omisión de las autoridades municipales en permitir la venta de alcohol sin permiso a los menores de edad pero descartó que se trate de un ataque personal y argumentó que los reportes que ha hecho en redes sociales son para evitar una desgracia como la que ocurrió en un Halloween el año pasado.
Hay que mencionar que El Sol de Puebla documentó que de acuerdo con los videos difundidos a través de redes sociales, un grupo de estudiantes de una preparatoria de la BUAP presuntamente consumió bebidas alcohólicas adulteradas durante una fiesta de Halloween que se realizó en el Salón Country ubicado en la colonia Jardines de San Manuel, por lo que los jóvenes tuvieron afectaciones en su salud.
Posterior a ese hecho, el coordinador de la bancada presentó una propuesta que fue aprobada en comisiones y consiste en adicionar un capítulo al Código Penal del Estado denominado “Delitos contra la salud en su modalidad de venta y consumo ilegal de bebidas alcohólicas”.
De acuerdo con lo expuesto, se aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y una multa de 50 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) al propietario o titular del establecimiento de distribuya bebidas alcohólicas sin licencia o el permiso correspondiente.
Se aplicará una sanción de dos meses a dos años y multa de 50 a 300 UMAS a quien distribuya bebidas alcohólicas y no cuente con licencia o permiso otorgado por la autoridad competente.
En tanto, con la adición al cuarto párrafo se establece que se sancionará con tres meses a tres años de prisión y multa de 50 a 500 UMAS a la persona funcionaria pública que, obligada por ley a vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas en los comercios de venta de bebidas alcohólicas y que por su omisión o ausencia de respuesta a los reportes hechos por los ciudadanos de la existencia de presuntos comercios sin la autorización legal, omita la exigencia de los requisitos.
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