Mónica Roldán y Francisco Jiménez, asesores de algunos pobladores de la junta auxiliar de Palmarito Tochapan en el municipio de Quecholac, pidieron a las autoridades locales y federales acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017 entre militares y civiles, en los que, acusaron, hubo dos ejecuciones extrajudiciales. En caso contrario dijeron que llevarán el caso al Senado de la República o a instancias internacionales para lograr la reparación de los daños y evitar que ocurra otro evento similar en el país.
En rueda de prensa ambos recordaron que el 17 de septiembre de este año la CNDH emitió una recomendación, referente a violaciones a los derechos de las personas que se encontraban en Palmarito Tochapan el día de los hechos, donde hubo 10 homicidios tanto de civiles como de militares.
Ambos actores pidieron que conjuntamente al cumplimiento de la recomendación por violaciones graves de la CNDH (con número 12VG/2018) por parte de las autoridades, el escrutinio público cambie de opinión respecto a denominar a los pobladores de Palmarito como “huachicoleros”, pues prometieron que los civiles de la afrenta eran ciudadanos dedicados al agro y no criminales.
Recordaron, del mismo modo, que en el expediente de la CNDH hay recomendaciones para la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); para el gobierno estatal, encabezado por José Antonio Gali Fayad; para la Procuraduría General de la República (PGR); para la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex); para la Fiscalía General del Estado (FGE); y para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJ) respecto a los daños causados a heridos y a los familiares de las personas asesinadas.
Dijeron que, además de dos ejecuciones extrajudiciales que habrían ocurrido en el acto, hubo uso excesivo de la fuerza pública, violaciones a los derechos humanos de los nueve civiles detenidos por los hechos, de los cuales se han liberado a dos, ello por los retrasos para ponerlos a disposición de las autoridades competentes y por la falta de atención médica a quienes presentaron heridas.
Finalmente, recordaron que las autoridades tienen 15 días hábiles para acatar la resolución de la CNDH, plazo que fenecería el 5 de octubre debido a que la recomendación se emitió el 17 de septiembre de este año. No existe obligación legal para obedecer las disposiciones, pero será entonces cuando el equipo jurídico recurra a otras instancias.
