/ jueves 29 de octubre de 2020

Piden investigadores de UDLAP y UPAEP mantener apoyos a científicos

Se pronuncian por revertir la decisión de no renovar los convenios con instituciones privadas

Integrantes del Sistema Nacional de Investigación (SNI) -adscritos tanto a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) como la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP)- piden al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) reconsiderar y revertir la decisión de no renovar los convenios establecidos que permiten otorgar el estímulo económico a investigadores en instituciones privadas.

A través de un comunicado emitido por científicos de UDLAP y UPAEP, los 170 firmantes dieron a conocer que en fechas recientes fueron informados por esta disposición que el CONACYT tomó, sobre no permitir renovar los acuerdos establecidos con sus instituciones.

“Ello supone un trato discriminatorio en sí mismo, en vulneración al derecho humano a la igualdad recogido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México”, se lee como parte del documento.

Asimismo, argumentan que la pasión por la ciencia, el conocimiento y la contribución al desarrollo de soluciones a los problemas y a la formación de recursos humanos valiosos para el futuro del país, son motivos que los han llevado a elegir desarrollar actividades de investigación en México, los cuales no son distintos a los de sus colegas en otras instituciones públicas y privadas.

“Las percepciones salariales que recibimos en universidades públicas y privadas por esta labor son comparables. Las universidades privadas que hacen investigación no están motivadas por el lucro, como lo demuestran sus programas de becas que benefician a miles de mexicanos, provenientes tanto de instituciones públicas como privadas, y son parte de un esfuerzo importante por combatir el rezago educativo y de investigación en el país”, advierten.

Asimismo, apuntan que, si bien, “la suspensión del estímulo a investigadores en instituciones educativas nacionales privadas representa menos del 4% de los estímulos a la productividad y calidad de la investigación que el gobierno entrega, a través del SNI, a la comunidad científica a nivel nacional”; por el contrario, afirman que la investigación que los miembros del SNI en universidades privadas nacionales realizan, representa ahorros al país, beneficiándose a la vez de la productividad científica de dichos miembros.

Por tal motivo, hacen un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para pedir que se revierta la decisión, misma que representa un “minúsculo ahorro presupuestal”, ya que afirman estar seguros de que pueden existir otras estrategias económicas que no impliquen fracturar el ecosistema de investigación e innovación en el que hoy participan tanto organismos públicos como privados.

Finalmente, piden iniciar un diálogo respetuoso no solo con el sector académico (público y privado), sino también con empresas, gobierno y sociedad civil para encontrar estrategias incluyentes y no discriminatorias que fortalezcan el ejercicio de la investigación en beneficio del país.

“Invertir en investigación es sembrar el futuro desarrollo del país y cuya cosecha (bienes públicos por excelencia) representa el primer peldaño para mejorar la calidad de vida de las generaciones venideras”, concluyen.


Integrantes del Sistema Nacional de Investigación (SNI) -adscritos tanto a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) como la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP)- piden al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) reconsiderar y revertir la decisión de no renovar los convenios establecidos que permiten otorgar el estímulo económico a investigadores en instituciones privadas.

A través de un comunicado emitido por científicos de UDLAP y UPAEP, los 170 firmantes dieron a conocer que en fechas recientes fueron informados por esta disposición que el CONACYT tomó, sobre no permitir renovar los acuerdos establecidos con sus instituciones.

“Ello supone un trato discriminatorio en sí mismo, en vulneración al derecho humano a la igualdad recogido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México”, se lee como parte del documento.

Asimismo, argumentan que la pasión por la ciencia, el conocimiento y la contribución al desarrollo de soluciones a los problemas y a la formación de recursos humanos valiosos para el futuro del país, son motivos que los han llevado a elegir desarrollar actividades de investigación en México, los cuales no son distintos a los de sus colegas en otras instituciones públicas y privadas.

“Las percepciones salariales que recibimos en universidades públicas y privadas por esta labor son comparables. Las universidades privadas que hacen investigación no están motivadas por el lucro, como lo demuestran sus programas de becas que benefician a miles de mexicanos, provenientes tanto de instituciones públicas como privadas, y son parte de un esfuerzo importante por combatir el rezago educativo y de investigación en el país”, advierten.

Asimismo, apuntan que, si bien, “la suspensión del estímulo a investigadores en instituciones educativas nacionales privadas representa menos del 4% de los estímulos a la productividad y calidad de la investigación que el gobierno entrega, a través del SNI, a la comunidad científica a nivel nacional”; por el contrario, afirman que la investigación que los miembros del SNI en universidades privadas nacionales realizan, representa ahorros al país, beneficiándose a la vez de la productividad científica de dichos miembros.

Por tal motivo, hacen un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para pedir que se revierta la decisión, misma que representa un “minúsculo ahorro presupuestal”, ya que afirman estar seguros de que pueden existir otras estrategias económicas que no impliquen fracturar el ecosistema de investigación e innovación en el que hoy participan tanto organismos públicos como privados.

Finalmente, piden iniciar un diálogo respetuoso no solo con el sector académico (público y privado), sino también con empresas, gobierno y sociedad civil para encontrar estrategias incluyentes y no discriminatorias que fortalezcan el ejercicio de la investigación en beneficio del país.

“Invertir en investigación es sembrar el futuro desarrollo del país y cuya cosecha (bienes públicos por excelencia) representa el primer peldaño para mejorar la calidad de vida de las generaciones venideras”, concluyen.


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