/ martes 7 de mayo de 2019

Piden la cabeza del presidente del Tribunal de Puebla; acusan nepotismo

En el caso estarían vinculados los familiares de diversos jueves, señalan miembros del Colegio de Jurisconsultos

Los miembros del Colegio de Jurisconsultos de Puebla A.C y del foro penalista piden a Héctor Sánchez renuncie como titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por sus negativos resultados en estado de derecho y la red de nepotismo en la que están vinculados los familiares de los jueces.

En conferencia de medios, los abogados José Santiago Blanco y Javier Ángel Martínez señalaron que además de evaluaciones bajas en impartición de justicia, Héctor Sánchez ha brindado protección a los funcionarios para que coloquen a sus parientes.

Algunos de los casos identificados son: la hija de la jueza Alicia Hernández, quien fue designada secretaria de proyectista en la Cuarta Sala Civil.

“Alicia Hernández Rojas, es protegida del presidente del Tribunal, Héctor Sánchez Sánchez, quien desde que estaba en el Juzgado Quinto se dedicó a sembrar el terrorismo laboral, traficando las plazas de los trabajadores y llegando a laborar a las 13 horas, con un pésimo desempeño y atraso en el juzgado”, comentó Santiago Blanco.

Otro de los casos comentó que corresponde a la magistrada Margarita Gayosso Ponce a quien acusaron de ubicar a su hermana Beatriz como directora de Control y Evaluación de Proyectos.

Mientras que la jueza María Belém Olivares Lobato, colocó a su hermana Sandra Nelly como jefa del Instituto de Estudios Judiciales.

Asimismo, la jueza María Alicia Ortiz Márquez incurrió en nepotismo al posicionar a su esposo Alejandro Ramírez Cante como juez de Chignahuapan, y a su hermana Silvia como secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros.

En la lista sigue: María de Lourdes López Herrera a quien señalan de ubicar a su hermano Luis como jefe de Recursos Materiales del Tribunal. En tanto, el magistrado Joel Daniel Baltazar Cruz colocó a su hijo José Daniel, como jefe de Causa del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución en el municipio de Libres.

“Los casos involucran por igual a magistrados, jueces, funcionarios, diligenciarios y mecanógrafas”, agregó al decir que esta medida está afectando a trabajadores que no tienen base, su antigüedad y no hay crecimiento profesional.

Por esa razón, reiteró que es importante la renuncia del magistrado presidente Héctor Sánchez, ya que en su gestión se obtuvo la peor calificación para la entidad en: Impartición de Justicia y Respeto a los Derechos Humanos, donde logró la segunda y tercera peor evaluación, respectivamente, del país.

De acuerdo a datos del Índice de Estado de Derecho en México 2018 del World Justice Projet (WPJ), Puebla es la cuarta entidad con peor estado de derecho a nivel nacional, con un puntaje de 0.36 por ciento, citó para concluir.

Los miembros del Colegio de Jurisconsultos de Puebla A.C y del foro penalista piden a Héctor Sánchez renuncie como titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por sus negativos resultados en estado de derecho y la red de nepotismo en la que están vinculados los familiares de los jueces.

En conferencia de medios, los abogados José Santiago Blanco y Javier Ángel Martínez señalaron que además de evaluaciones bajas en impartición de justicia, Héctor Sánchez ha brindado protección a los funcionarios para que coloquen a sus parientes.

Algunos de los casos identificados son: la hija de la jueza Alicia Hernández, quien fue designada secretaria de proyectista en la Cuarta Sala Civil.

“Alicia Hernández Rojas, es protegida del presidente del Tribunal, Héctor Sánchez Sánchez, quien desde que estaba en el Juzgado Quinto se dedicó a sembrar el terrorismo laboral, traficando las plazas de los trabajadores y llegando a laborar a las 13 horas, con un pésimo desempeño y atraso en el juzgado”, comentó Santiago Blanco.

Otro de los casos comentó que corresponde a la magistrada Margarita Gayosso Ponce a quien acusaron de ubicar a su hermana Beatriz como directora de Control y Evaluación de Proyectos.

Mientras que la jueza María Belém Olivares Lobato, colocó a su hermana Sandra Nelly como jefa del Instituto de Estudios Judiciales.

Asimismo, la jueza María Alicia Ortiz Márquez incurrió en nepotismo al posicionar a su esposo Alejandro Ramírez Cante como juez de Chignahuapan, y a su hermana Silvia como secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros.

En la lista sigue: María de Lourdes López Herrera a quien señalan de ubicar a su hermano Luis como jefe de Recursos Materiales del Tribunal. En tanto, el magistrado Joel Daniel Baltazar Cruz colocó a su hijo José Daniel, como jefe de Causa del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución en el municipio de Libres.

“Los casos involucran por igual a magistrados, jueces, funcionarios, diligenciarios y mecanógrafas”, agregó al decir que esta medida está afectando a trabajadores que no tienen base, su antigüedad y no hay crecimiento profesional.

Por esa razón, reiteró que es importante la renuncia del magistrado presidente Héctor Sánchez, ya que en su gestión se obtuvo la peor calificación para la entidad en: Impartición de Justicia y Respeto a los Derechos Humanos, donde logró la segunda y tercera peor evaluación, respectivamente, del país.

De acuerdo a datos del Índice de Estado de Derecho en México 2018 del World Justice Projet (WPJ), Puebla es la cuarta entidad con peor estado de derecho a nivel nacional, con un puntaje de 0.36 por ciento, citó para concluir.

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